Las banderas que constituyen la acción política de los justicieros están basadas en los siguientes valores:
Por ello, estamos convencidos de que sólo podremos lograr la transformación de Venezuela sobre la conjugación de la libertad y la justicia. Esta conjugación será el medio que nos conducirá a convertir en realidad nuestros valores fundamentales: libertad, igualdad, progreso para todos, subsidiariedad, solidaridad, participación y justicia.
En Primero Justicia sostenemos que no es justo que millones de venezolanos viven en una situación de pobreza inaceptable mientras la riqueza se concentra en una minoría. No es justo que la pobreza venga acompañada de exclusión en cuanto a salud, educación, derechos, y seguridad social. No es justo que el Estado maneje sin control social la riqueza que pertenece a todos los venezolanos, propagando corrupción e ineficiencia.
No es justa una Venezuela en la que miles de niños no reciben la nutrición que requieren para su sano desarrollo. No es justa una Venezuela donde millones de niños y jóvenes no estudian ni tienen acceso a los servicios básicos de salud. No es justa una Venezuela en la que millones de jóvenes están desempleados o mal remunerados. La tarea de erradicar la pobreza, material y espiritual, es la que nos empuja a la acción política.
Por ello, la Venezuela de la Justicia, significa para Primero Justicia convertir a Venezuela en una sociedad en la que la única limitante del desarrollo de un individuo sea su esfuerzo y sus talentos innatos. Una sociedad donde los padres sepan que sus hijos, y, a su vez, los hijos de sus hijos, tendrán cada vez un futuro mejor.
La educación y la formación son condiciones importantes para el libre desarrollo de la personalidad y el ejercicio de los derechos de libertad y de los deberes cívicos. La educación de calidad es el mejor antídoto contra la exclusión y la sumisión.
Una democracia sólida debe contar con ciudadanos con criterios independientes, dispuestos a asumir responsabilidades. La politización de la educación, la deformación de la historia o la ideologización de los contenidos son incompatibles con la educación pública en un Estado democrático.
Igualmente, para Primero Justicia, la educación es una de las esferas donde debe aplicarse con mayor intensidad el principio de la subsidiariedad, basado en el derecho supremo de la familia de escoger libremente el tipo de educación que quiere para sus hijos.
Primero Justicia aboga por una sociedad de aprendizaje permanente.
La economía que proponemos tiene su fundamento en la idea de la libertad responsable, que nace del concepto de la dignidad humana como fin de toda acción de la sociedad y del Estado. Esta economía se opone a la economía planificada socialista y a las formas económicas de tendencia liberal que convierten al mercado en un dogma.
Defendemos una economía que impulse la justicia social porque su meta es conjugar libertad e igualdad a través de la solidaridad y la subsidiariedad. Sus bases se encuentran en la inversión, el respeto a los derechos de propiedad, la generación de empleo, el fomento a la competencia, la justicia social y la seguridad social.
El mercado y la competencia son elementos centrales del orden económico y posibilitan la libertad a través de la descentralización del poder. A la libertad responsable le corresponde el mercado responsable como forma de organización de la economía. La competencia promueve la voluntad individual y la riqueza colectiva y sirve así, simultáneamente, al bien común.
Una economía vibrante se caracteriza por el surgimiento constante de nuevas empresas, producto de la voluntad de personas con sentido emprendedor que deciden arriesgar su patrimonio personal y financiero con el fin de convertir una idea en un negocio productivo para el bien propio y común. El Estado debe garantizar que ese proceso de “creación” se desarrolle sin contratiempos excesivos.
El Estado con frecuencia está presente donde no tiene que estarlo –administrando actividades productivas- y ausente donde tiene que estar presente – creando capital humano y generando bienes públicos, servicios básicos e institucionalidad. A través de la desregulación y la reducción de la burocracia, deseamos conseguir que el Estado se concentre en aquellas tareas que los particulares no pueden ni deben hacer por si solos para brindar respuesta oportuna y consistente a las demandas de los ciudadanos.
Nos inscribimos dentro de la tendencia occidental que basa su desarrollo institucional y productivo en la regla básica del respeto a lo derechos de propiedad. Suscribimos la visión de que las labores prioritarias del Estado incluyen el hacer respetar los contratos y administrar justicia de forma independiente.
Al mismo tiempo creemos firmemente en la democratización de la propiedad para que cada persona y cada familia pueda enriquecer y desarrollar una vida plena de creación, crecimiento y bienestar. La concentración del poder económico, ya sea en manos privadas o estatales, lesiona el principio de la competencia, menoscaba la diversidad de opciones de los ciudadanos y genera efectos distributivos negativos en la sociedad.
Por ello, la democratización de la propiedad privada se postula como un pilar fundamental para desarrollar una cultura de respeto a la propiedad privada, basándose en la premisa según la cual de la propiedad privada nacen buena parte de las posibilidades de decisión y creación de los individuos y aumenta la libertad personal y el progreso colectivo.
Particularmente para Primero Justicia, el reconocimiento de los derechos de propiedad en nuestros barrios reviste una importancia crucial para el progreso económico de las familias más necesitadas.
El desarrollo de una economía que impulse la justicia social requiere de una fuerte y vigorosa sociedad civil. La sociedad civil creativa, plural y pujante es un elemento esencial para lograr el desarrollo de nuestro potencial como nación.
Primero Justicia sustenta su visión social de la justicia sobre las asimetrías que existen entre aquellos intereses que se encuentran organizados y los no organizados, entre los que trabajan y los que no participan del mundo laboral. Allí reside una brecha de injusticia que debe ser cerrada bajo la promoción de la subsidiariedad y la fortaleza de la sociedad civil.
Los grupos que se encuentran más débilmente organizados o desorganizados del todo son los grupos más vulnerables: los pobres, las personas de edad, los padres, los niños, los inválidos, los que han perdido su trabajo y los informales, entre otros. Generalmente estos grupos sucumben en la lucha por la justicia social frente a grupos más poderosos y organizados de la sociedad. Primero Justicia cree firmemente que el Estado y la sociedad deben amparar a estos grupos vulnerables y ayudarlos a que ellos mismos puedan organizarse para defender sus derechos y ser fuertes frente a la dinámica social.
La familia es la forma más estable de convivencia en la sociedad. En la familia el ser humano encuentra protección y cariño y experimenta la solidaridad entre las generaciones. Las características y capacidades individuales que son condicionantes y fundamento de una sociedad libre y responsable pueden desarrollarse mejor en el seno familiar. Estas incluyen el amor y la confianza; la tolerancia y la consideración; el respeto y la seguridad; la disposición al sacrificio y a la responsabilidad compartida; la independencia y la emancipación.
Para nosotros, la familia es el fundamento de la sociedad. Por ello, defendemos el apoyo financiero de las tareas del hogar y su reconocimiento por parte de la sociedad, así como la protección de niños y ancianos. La unión en el seno de nuestras familias es el requisito para la existencia de nuestra sociedad.
Primero Justicia promueve la maternidad y paternidad responsables. Propiciamos decididamente la defensa de la vida del niño antes de nacer. Queremos mejorar las bases para que cada niño en el seno de su madre sea aceptado, aun bajo circunstancias económicas o sociales difíciles, por lo cual consideramos que el Estado debe proteger a las madres adolescentes y otras madres en condiciones de riesgo
Entendemos que defender a las personas con impedimentos es nuestra obligación especial. Las personas minusválidas y sus familias son miembros plenos de la sociedad, pero precisan nuestra solidaridad y respaldo. El intercambio de experiencia entre las personas minusválidas y las que no tienen impedimentos es un enriquecimiento para nuestra sociedad. Creemos que el camino correcto es la integración y rechazamos las prácticas arcaicas basadas en el aislamiento. Defendemos firmemente la vida de los niños minusválidos y su estímulo desde temprana edad.
El vínculo inseparable entre economía y política social se demuestra en la necesidad de proporcionar ocupación estable y de calidad a la mayor cantidad posible de personas. La economía que proponemos es un paradigma de crecimiento incluyente afincado en aquellos sectores de la economía con mayor potencial para la generación de empleo.
Frente al empleo precario y de subsistencia, sostenido con el alfiler del gasto público, planteamos un empleo sostenible, digno y productivo, sustentado en el motor de la inversión privada.
Debemos construir una economía que aproveche al máximo el potencial generador de riqueza de los hidrocarburos pero que no inhiba la posibilidad de desarrollar las otras áreas donde nuestro país tiene ventajas comparativas. No compartimos la visión que encasilla al petróleo dentro del concepto de renta, convirtiendo la defensa del precio en el mercado internacional en una obsesión y dejando de lado la expansión de los mercados y del aumento de la capacidad productiva de la industria petrolera nacional.
Defendemos la integración plena de PDVSA en la sociedad venezolana. Consideramos que PDVSA sólo será del pueblo cuando todos los venezolanos sean propietarios directos del capital de la empresa y las regalías se canalicen directamente a los verdaderos dueños del recurso petrolero: los ciudadanos venezolanos.
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