Táchira, 30 de junio de 2017.- El concejal del municipio Bolívar y dirigente regional de Primero Justicia, Carlos Chacón, denunció este jueves que el incremento de los índices de criminalidad en los municipios de la frontera colombo-venezolana se debe a la complicidad que existe con los cuerpos militares que hacen vida en San Antonio del Táchira, Ureña y Rubio.
“Esto le ha funcionado de herramienta al gobierno nacional mediante sus organismos de seguridad para hacer de las suyas. Ellos siempre hablan de mafias paramilitares y contrabandistas cuando son ellos mismos los que cometen estos delitos. Al ocuparse de sus negocios propios, dejan a la ciudadanía a la deriva originándose el incremento de la delincuencia común, ya se han presentado hasta asesinatos a causa de robos, situaciones que se registran a escasos metros de los punto de control establecidos”, dijo.
También rechazó la toma, por parte de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, de las instalaciones pertenecientes al Patinódromo Edicsa Parra que se encuentra en San Antonio del Táchira, “tomaron una instalación deportiva para salvaguardar el combustible que decomisan y en ese mismo lugar hacen negocio. Lo mismo sucedió con la Escuela Manuel Felipe Rugeles donde entraron, desalojaron a los niños, hicieron negocio, se fueron y la dejaron destrozada”.
Cuentas en moneda extranjera
En materia económica, el concejal Carlos Chacón denunció que trabajadores del Banco de Venezuela, cobran hasta 100 mil bolívares por abrir cuentas en moneda extranjera o entregar las tarjetas de débito a los usuarios que obtienen divisas a través del DICOM y puedan retirarlas en otro país.
“Hace una semana, se registró una situación en la sede del Banco de Venezuela de San Antonio del Táchira, la gente molesta al saber que estaban cobrando por entregar las tarjeta, derribó por accidente la puerta. Las colas son interminables cuando esto debe ser un trámite normal en un país democrático”, puntualizó.
Crisis presupuestaria
El edil informó que en el municipio Bolívar tiene una deuda con sus trabajadores que supera los 420 millones de bolívares correspondientes a los aumentos salariales decretados por el Presidente de la República, cifra que triplica lo asignado anualmente por Situado Constitucional.
“Las asignaciones que constitucionalmente nos pertenecen se las han robado, la disposición transitoria sexta de la Carta Magna asigna recursos especiales a la frontera, por ese concepto se adeudan millones de dólares de los que nunca se ha sabido qué destino han tomado”, finalizó.