Coro, 01 de octubre de 2015.- El partido Primero Justicia en el estado Falcón exigió justicia verdadera para los siete trabajadores petroleros acusados por el delito de contrabando de extracción.
Alfredo Zea, integrante de la coordinación regional de PJ, reveló que hay gran preocupación por parte de los familiares de los detenidos y de sus compañeros, incluso los miembros del movimiento sindical, tras la privación de libertad de los cinco trabajadores de la refinería Cardón y dos de la tripulación del buque.
El dirigente político y profesional del Derecho criticó la manera cómo se lleva a cabo la investigación del hecho. “Al inmiscuirse el poder público nacional sirvió para que el juez los privara de libertad, un juez provisorio (…) en la Fiscalía 23, que se ha vuelto la fiscalía verdugo de todas las persecuciones de este país”, dijo.
A su juicio, la decisión de imputar y posteriormente privar de libertad fue tomada sin haber elementos de convicción suficientes para el interés criminalístico. “La falta de independencia de un Ministerio Público y del poder judicial hacen un binomio para desmedro de los petroleros”, expresó.
Aseguró además que un excedente de 50 mil barriles gasoil es algo cotidiano en la industria petrolera. “Los trabajadores, cuando llegaron efectivos del Sebin, se encontraban descargando el excedente, con la venia del Ministerio de Minas”, afirmó.
“El Gobierno trata de tapar el desangre del contrabando de extracción que sí existe. Buscaban chivos expiatorios para imputar. La verdadera corrupción y contrabando de extracción está en la frontera, con nuestros militares”, denunció Zea.
Por su parte, Gregorio Graterol, diputado de la Asamblea Nacional y secretario regional de PJ, considera que se comete un atropello contra estos trabajadores.
“En esa decisión del tribunal hay un alto porcentaje de interés político electoral para tratar de incriminarlos y seguir alimentando el expediente de la ‘guerra económica’ y el contrabando, todo con lo que el Gobierno intenta justificar el desastre de la industria petrolera y la economía nacional”.
Graterol hizo un llamado para que organismos competentes: el Estado y los organismos públicos tomen cartas en el asunto y, en razón de la justicia verdadera, pongan en libertad a estos trabajadores.
Finalmente, reiteró que como parlamentario hará lo necesario para que se activen los mecanismos necesarios ante este caso.