Defendemos la libertad y la diversidad de los medios de comunicación. Los medios libres y responsables posibilitan la generación de la opinión pública y contribuyen a controlar en forma efectiva el poder estatal.
Esta libertad debe ir de la mano de la responsabilidad. Especialmente importantes son la protección de la personalidad así como la consideración de las convicciones éticas, religiosas e ideológicas de la sociedad.
Las emisoras privadas también tienen una responsabilidad hacia la democracia. Deseamos una oferta pluralista y rechazamos por ello cualquier forma de dominio en los medios impresos o electrónicos. Nos oponemos, tanto a nivel nacional como internacional, a una concentración de los medios que ponga en peligro la pluralidad de opiniones y el mantenimiento de la competencia.
Reclamamos y propiciamos un consenso general en la sociedad sobre una ética global para los medios de comunicación masiva. Su punto central debe ser un profundo respeto a la vida, la inviolabilidad de la dignidad de la persona, la tolerancia y la disposición al diálogo.
La historia venezolana ha sido marcada por episodios tales como la independencia, la creación de la nación o la profundización de la democracia, que han tenido como protagonista la vida local y el poder del pueblo organizado. Por ello la descentralización es un tema fundamental para Primero Justicia.
La descentralización y el valor de la subsidiariedad van tomados de la mano. Ambos temas implican la coherencia de hacer de la persona humana el sujeto y fin de las instituciones políticas, pues suponen el acercar las decisiones públicas al ciudadano, garantizando un ejercicio de responsabilidad de cada sujeto sobre el bien común.
Primero Justicia cree firmemente que la descentralización debe llegar hasta los niveles más profundos de las comunidades organizadas para que sea posible el desarrollo del principio de la subsidiariedad de manera plena. De ese modo, las iniciativas para salir de la pobreza podrán nacer de una sociedad con tejido de capital humano esencial para que tengan éxito.
La ley es el origen y el límite del poder público. La Constitución es un marco para el gobierno democrático que protege las libertades fundamentales de los ciudadanos frente a las mayorías circunstanciales, al tiempo que permite que los ciudadanos se gobiernen a si mismos de manera efectiva. Un sistema de justicia independiente, accesible y eficiente es la única defensa que tienen los derechos ciudadanos ante la prepotencia y las arbitrariedades del poder.
Reivindicamos la separación de poderes como mecanismo de contrapeso y transparencia en el ejercicio de la autoridad. Planteamos la selección de las máximas autoridades del sistema de justicia con base en la meritocracia y no en el servilismo.
Las Fuerzas Armadas tienen la tarea especialísima de portar y custodiar las armas del pueblo venezolano y el uniforme que los representa. Ello obliga a sus miembros a observar una conducta distinta al resto de los venezolanos. La condición de ciudadanos en uniforme supone una serie de principios que son para los justicieros inviolables.
En primer término, la Fuerza Armada debe estar subordinada al gobierno civil. Ello supone el carácter obediente que deben tener las fuerzas armadas a las instituciones civiles bajo cualquier circunstancia.
En segundo lugar, las Fuerzas Armadas deben ser no deliberantes. Jamás deben ser parte activa del debate político de la sociedad civil, sino por el contrario, derivado del principio de obediencia, deben ser los guardianes de las reglas de juego y de las instituciones sociales.
En tercer lugar está el principio de especialidad, que circunscribe a las Fuerzas Armadas a un ámbito de tareas relacionadas con la defensa de la nación venezolana de cualquier agresión externa y el mantenimiento de la seguridad de la misma al facilitar, de acuerdo a los principios anteriores, el libre desenvolvimiento de las instituciones civiles.
Primero Justicia es declaradamente civilista. Creemos en unas Fuerzas Armadas no políticas, no partidistas, profesionales, no deliberativas, obedientes y subordinadas a la sociedad civil a través de sus instituciones.
Asumimos como una tarea esencial del liderazgo político la construcción de reglas de juego para organizar la convivencia pública. Éstas deben premiar el comportamiento adecuado y castigar los comportamientos al margen de la ley, minimizando su posibilidad de éxito. La esfera pública debe estar fundada en relaciones impersonales a través de la ley y del reconocimiento de la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos.
Estamos conscientes que la creación de instituciones debe ir acompañada de un cambio cultural que soporte y refuerce el respeto de las reglas de juego que hacen posible la convivencia social. La familia y la escuela deben jugar un papel fundamental en la formación cívica. La aplicación uniforme de la ley y el respeto a su majestad constituye la mejor forma de reforzar el círculo virtuoso de funcionamiento y credibilidad de las instituciones.
Para Primero Justicia, el capital social es el cemento de las instituciones.