Caracas, 07 de junio de 2025.- México inició un experimento populista sin precedentes: el pasado domingo, los ciudadanos votaron por aproximadamente la mitad de los jueces del país, desde los miembros de la Suprema Corte hasta miles en instancias locales. Se trata de una transformación radical que podría marcar el inicio del fin de la separación de poderes en México y quizá en toda la región.
La izquierda progresista —esa que predica pluralismo mientras concentra el poder— ha vendido esta iniciativa como la culminación de la democracia. Claudia Sheinbaum, heredera política de López Obrador, no ha dudado en proclamar que con esta medida México será «el país más democrático del mundo». Pero la historia política, el sentido común y la filosofía democrática nos advierten: más elecciones no significan más democracia como se jacta Maduro siempre. A veces, significan todo lo contrario.
En las democracias liberales modernas, la participación del pueblo a través del voto es una condición necesaria, pero no suficiente. La obsesión por convertir todos los ámbitos de la vida pública en procesos electorales no fortalece la democracia, sino que la convierte en espectáculo, en subasta de los más poderosos. No todo debe someterse al sufragio universal. El poder judicial, por su función contra mayoritaria, es uno de esos ámbitos.
Los jueces no están para complacer al electorado ni para hacer campaña, sino para interpretar y aplicar la ley con independencia, incluso en contra de las mayorías del momento. Votar por jueces, lejos de democratizar la justicia, la convierte en botín político.
Otra falacia que circula con fuerza es la que afirma que cualquier forma de mérito o de carrera judicial equivale a elitismo antidemocrático. Nada más equivocado. La democracia, si es real, debe ser capaz de reconocer y promover a los mejores. Necesitamos jueces imparciales, con sólida formación jurídica, vocación de servicio público y autonomía frente a presiones externas.
Al suprimir el sistema de carrera judicial instaurado en México en los años 90 —precisamente para combatir la corrupción y mejorar la calidad del sistema— se abre la puerta a una justicia amateur, vulnerable e ideologizada. Es una regresión.
Alexis de Tocqueville advirtió que en una sociedad donde todo tiende hacia la igualdad absoluta, debe mantenerse un espacio reservado para la excelencia: una aristocracia de la virtud y del saber. En Estados Unidos, Tocqueville encontraba esa aristocracia no en la nobleza de sangre, sino en los jueces, educados y formados para velar por el equilibrio del sistema.
La elección popular de jueces anula esa aristocracia republicana. Sustituye la lógica de la ley por la lógica de la encuesta. Un juez ya no deberá solo saber derecho, sino también recaudar fondos, pactar con partidos, negociar con medios y —en el peor de los casos— tolerar la presión del crimen organizado.
Una democracia sin frenos ni contrapesos es una democracia que se disuelve en autoritarismo. La justicia no puede ser otro brazo del Ejecutivo, ni un órgano reflejo del clima político del momento. La elección de jueces debilita gravemente la separación de poderes. El juez electo queda atrapado entre dos lealtades: la jurídica y la política. La primera exige independencia; la segunda exige obediencia. Es fácil adivinar cuál prevalecerá.
No es casual que en esta misma reforma judicial impulsada por Morena hayan aparecido candidatos con vínculos con el narcotráfico, con procesos penales o con campañas financiadas por actores oscuros. Es el preludio de una catástrofe institucional.
López Obrador y Sheinbaum han insistido en que los jueces deben ser «del pueblo» y no «de la oligarquía». Pero lo que en realidad les incomoda es que los jueces puedan frenar su voluntad, declarar inconstitucional una ley, poner límites a su poder. Por eso han convertido al poder judicial en su enemigo. El paso siguiente ha sido someterlo al voto, es decir, al control del partido.
Detrás de la retórica de «más democracia», lo que hay es la demolición sistemática del Estado de derecho. Como ya ha ocurrido en Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba y como denuncian con fuerza expertos, estamos ante una tragedia institucional que disfrazada de democratización avanza hacia la hegemonía de partido.
Cuando desaparecen los jueces independientes, desaparece también la posibilidad de justicia para el débil frente al poderoso. El tribunal deja de ser el lugar de equilibrio y se convierte en un campo de batalla más. La historia nos enseña que, cuando los jueces son silenciados o convertidos en marionetas del poder, la democracia ya no es más que una fachada. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los expertos de Naciones Unidas alerten sobre el riesgo de estas reformas.
México no será más democrático por elegir jueces. Será más frágil, más manipulable, más expuesto a los intereses del crimen, del poder y del populismo. La izquierda que dice hablar en nombre del pueblo, en realidad está robando al pueblo el último lugar donde la ley podía ser un escudo: la justicia.
Este artículo fue publicado originalmente en El Debate https://www.eldebate.com/internacional/20250607/error-mexicano-democracia-no-elegirlo-todo_302930.html
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