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Caracas, 28 de junio de 2021.- Con la llegada al poder de Hugo Chávez en el año 1998, la promesa fundamental fue la construcción de un nuevo modelo político nacional, basado en el ejercicio protagónico y participativo del pueblo venezolano en los asuntos públicos, junto con la idea de abolir el sistema democrático representativo existente. En este empeño se animó una serie de cambios estructurales de fondo sobre todo el sistema político: la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, que permitiría la Constitución de 1999, sería la máxima expresión de este proceso, acompañado de un nuevo lenguaje y de peculiares formas de acción con las que se expresaban ese deseo de refundar la república.

Esto derivó en una transformación real de todo el sistema: la llamada Revolución bolivariana, que fue sentando las bases propositivas que pregonaban no solo una modificación en el modelo político, sino profundizar la transformación e impulsar un cambio en la estructura de la organización social, como en los sistemas de producción de bienes y servicios, porque la conquista del poder debía precipitar la génesis de una nueva nación y del hombre nuevo que profesaba el pensamiento marxista.

Alcanzar este objetivo exigía la desconfiguración de las estructuras y relaciones de poder existentes, a fin de dar paso a nuevos espacios para la toma de decisiones sobre lo público, con el propósito de lograr la destrucción final de los espacios donde las llamadas clases dominantes (dirigentes de los partidos políticos, empresarios, medios de comunicación, clero, entre otras) dedicaban sus intereses y aspiraciones para determinar el presente y futuro del país.

Es así como en las últimas dos décadas se ha estado configurando e impulsando una nueva división político territorial del país y un nuevo marco para la división horizontal del poder mediante la idea de la construcción del denominado Estado comunal. Los primeros esfuerzos se dieron en el campo del cooperativismo, luego se plasmaron más claramente en el primer plan económico y social de la nación (2001-2007) con los llamados cinco equilibrios, así como en el concepto de la nueva geometría del poder, presentado en el Proyecto de Reforma Constitucional y rechazado en referéndum consultivo en el año 2007, donde se establecía la figura de “la ciudad como unidad político primaria de la organización territorial y las comunas como una forma de agregación comunitaria político territorial” (Hugo and Chávez 1999).

Como consecuencia de esta ruta emprendida, se han debilitado las estructuras formales presentes en la Constitución, como lo son las gobernaciones y alcaldías junto con sus organismos legislativos. Las limitaciones al acceso de recursos de inversión, distintos al situado constitucional; la reversión de competencias locales a los organismos centrales; la ruptura de los canales naturales de coordinación entre los actores locales y la creación de la figura de los llamados protectores regionales o municipales, son una muestra clara de la intención de dinamitar la fortaleza de estos espacios de representación, cuya elección se da por medio de mecanismos democráticos. Ello, sin añadir los efectos de la crisis económica, la hiperinflación, devaluación de la moneda y el proceso de dolarización, que han dejado a estos espacios de poderes locales y regionales en una minusvalía evidente para hacer gestión.

Esta situación coloca la institucionalidad del país a la deriva, lo que afecta su desempeño y legitimidad, ya que debilita las redes de interacción entre los actores sociales al proponer un caos de representación y distribución de competencias que afecta las posibilidades de construir salidas a la crisis.

Caracterizando las comunas

La base del denominado Estado comunal son las comunas y la comuna es “un espacio socialista que, como entidad local, es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida… que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual (el territorio) ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular…” (Asamblea Nacional 2010).

Estas comunas tienen una serie de características que pasamos a señalar:

● Se pretende como un hecho dirigido desde el centro del poder hacia los espacios locales. La construcción del Estado comunal se ha planteado desde el poder central; por tanto, no es el producto de un desarrollo natural de las comunidades y de lo local, su creación e instalación se dan como voluntad del Poder Ejecutivo nacional, que pretende moldear las formas y maneras de la participación de los ciudadanos, sin considerar las características culturales, económicas y sociales propias de cada localidad.

● El Estado comunal ha tenido como fuente de financiamiento exclusivo los recursos públicos. Todo lo que se ha podido materializar en esta política ha requerido de una gran inversión pública: todos los proyectos llamados socio productivos que se han puesto en marcha vienen con un financiamiento, casi en su totalidad, de los presupuestos nacionales, con lo cual su desempeño como política está ligada a la disponibilidad y capacidad de endeudamiento del Estado.

● Es un hecho legal: la existencia en norma del Estado comunal se materializó entre el año 2009 y 2010, cuando fueron aprobadas siete leyes orgánicas que le dieron piso jurídico al sistema comunal, a saber: del Poder Popular, Planificación Pública y Popular, las Comunas, Contraloría Social, Sistema Económico Comunal, Consejos Comunales y Consejo Federal de Gobierno. A este marco normativo se suman dos nuevos proyectos de ley: las Ciudades Comunales y el Parlamento Comunal, presentados en enero de 2021.

● Es un hecho institucional que se desarrolla en los distintos planes nacionales presentados (Plan Simón Bolívar 2007-2013, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 y el Plan de la Patria 2019-2025), a través de un organismo ejecutivo: el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, con figuras creadas y materializadas como las Empresas de Propiedad Social Comunal, las Unidades Productivas Familiares y Grupos Solidarios de Intercambio. Para el año 2014 existían 44.410 consejos comunales en todo el país y para el año 2018 se contabilizaban 2.200 comunas conformadas.

● El proyecto del Estado comunal es profundamente ideologizado, limita la inclusión democrática al plantear una única visión sobre la sociedad y la economía, y al oficializar la necesidad de crear una sociedad socialista o lograr la democracia protagónica revolucionaria, claramente incorpora el rol ideológico y excluye cualquier otra posición o forma de pensamiento.

La ciudad como política para la reconstrucción nacional

La idea de la ciudad como una política propone reencontrar el equilibrio institucional, desmontando la caótica relación existente entre los distintos niveles políticos territoriales y de representación política; busca moldear una nueva institucionalidad que permita fortalecer los espacios de participación y posibilite retomar un nuevo modelo de gestión de cercanía con los ciudadanos y sus problemas.

Tomar estos espacios como base para iniciar la reconstrucción nacional parte del analisis de la realidad y de las condiciones existentes, porque las ciudades presentan una realidad que facilita el compromiso, la integración y la participación. Así las ciudades se convierten en el nuevo centro de las soluciones a la crisis que padecemos. Son varias las características que podemos encontrar en las ciudades y que permiten reconocerlas como el nuevo espacio de desarrollo nacional: lo primero es que la ciudad existe como parte de un proceso histórico, su desarrollo ha sido el producto de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que las han determinado en el tiempo y les han permitido tener una identidad que se expresa en sus costumbres y tradiciones, un arraigo en la conciencia colectiva que les otorga o proporciona sentido de pertenencia, porque la existencia misma de la ciudad no depende exclusivamente de los recursos del Estado, sino que son sus propios habitantes quienes, con su labor y actividades económicas diversas, crean el ecosistema que permite su funcionamiento, mantenimiento y existencia, siendo esta independencia económica uno de sus mayores atributos. Solo para poner en perspectiva el impacto de trabajar sobre la ciudad, según cifras del Instituto Nacional de Estadística en sus proyecciones de población de acuerdo con el Censo 2011, indica que, para el año 2021, el 88,4% de los venezolanos viviría en municipios que tienen más de sesenta mil habitantes, es decir, somos un país de ciudades.

Pero quizás lo más importante es que en los espacios de las ciudades es donde se encuentra la diversidad de pensamiento. La multiculturalidad es una expresión de la ciudad y, por tanto, las urbes son territorios propicios para permitir el ejercicio de la democracia, mediante la libertad, el encuentro de todas las ideas políticas y las manifestaciones sociales, económicas y culturales.

Comprender este planteamiento nos lleva a proponer vías para la ciudad como alternativa y establecer criterios necesarios para transformarla en el centro de la nueva dinámica de la gestión pública. Por ello, generamos una primera aproximación sobre las bases que permiten este nuevo rol de las ciudades en su capacidad para producir soluciones a la crisis:

● En las ciudades se debe reconocer la legitimidad de sus autoridades políticas y sociales: la figura de la alcaldía y de los concejos municipales no deben estar bajo ningún tipo de interpretación como autoridades legítimas de las instituciones políticas de las ciudades. Asimismo, las asociaciones civiles, de vecinos, consejos comunales y grupos sociales deben tener espacios, reconocimiento y legitimidad de acción. Las autoridades políticas, sociales, económicas y culturales de la ciudad deben tener vínculos institucionalizados entre ellas, que generen una relación directa entre los actores, sin intermediación o barreras.

● Las ciudades deben tener acceso al financiamiento: se hace necesario que se permitan todas las posibilidades legales, institucionales y políticas para que la ciudad acceda a la cooperación internacional para el desarrollo, y donde se procure un marco que facilite la inversión privada y aliente soluciones innovadoras, sustentables y disruptivas para el desarrollo de lo local.

● Las ciudades deben retomar sus competencias sobre los servicios públicos: esto es, revertir el proceso centralizador e ir creando capacidades para que la ciudad pueda no solo proveer servicios públicos, sino también hacerlo bajo estándares de calidad, control, participación social y supervisión permanentes. La ciudad debe adueñarse, nuevamente, de su entorno y de sus capacidades.

● Las ciudades son para los ciudadanos: lo que obliga a reconstruir los espacios físicos y culturales que permitan crear puentes para integrar a la comunidad; incentivar todos los medios posibles de expresión cultural, económica, política, deportiva, social, gremial y religiosas; lograr que sus habitantes se expresen, pero por sobre todo que la ciudad fortalezca todos los mecanismos para evitar la exclusión y así permitir que los ciudadanos se reencuentren y creen sin ningún tipo de restricciones o distinciones.

Las ciudades son un medio real, con identidad propia y con el compromiso claro de sus ciudadanos para su sostenimiento. Establecer una nueva legitimidad y reconocimiento sobre estos territorios puede generar el encuentro de vías alternas e innovadoras que permitan crear soluciones viables, sostenibles y posibles a la crisis sin precedentes que padecemos los venezolanos; por ello, es que apostamos a la ciudad como el nuevo espacio para lograr la reconstrucción nacional.