Caracas, 15 de enero de 2015.- Las hermanas Barrientos inauguran la cola por batería. El carro anda con una pila prestada desde hace más de una semana. Es el transporte de sus hijos, en edad escolar, aunque ahora las está dejando varadas a cada rato.

La necesidad empuja a Ubertina Barrientos a tomar riesgos: “Estamos dispuestas a dormir aquí. Y si no llega el camión, perderemos el trasnocho”, afirmó a las puertas del principal centro de venta de acumuladores de San Cristóbal, en la avenida 19 de Abril.

Emprendieron una espera incierta. Temprano se leía en un cartel: “¡No hay baterías! Solo cambios y garantías. Gracias”. Usuarios dijeron que se agotaron el sábado pasado, aunque extraoficialmente se dijo que el martes de esta semana se habrían vendido algunas. Al final de la tarde habían arrancado parcialmente el aviso, dejando solo la primera oración.

Francys Barrientos tomó la iniciativa de organizar en una lista los nombres de los solicitantes que, de forma graneada pero constante, llegaban a preguntar por las baterías. Algo común en un país donde, según estadísticas de fabricantes privados, este insumo le hace falta a cuatro de cada diez vehículos a escala nacional.

A las 11:00 de la mañana la lista llevaba más de 35 nombres, aunque otro papel en la pared alerta que allí no las admiten. Se trataba, sin embargo, de un papel “sin compromisos”, de una manera de organizar la espera y evitar peleas. “Esto nos duele, ver que tenemos que recurrir a este tipo de cosas en Venezuela”, compartió Francys.

Reventa inalcanzable

De tres años es el tiempo promedio de vida útil de una batería. Y al automóvil de José Becerra le llegó su turno el pasado martes. El precio regulado está en 2.345 bolívares, pero revendedores de San Cristóbal le han pedido entre 7.500 y 8.000 bolívares. “Por eso me veo obligado a quedarme a esperar”.

Con todavía más sobreprecio, al parecer, se cotizan en el mercado negro del interior del estado. En Rubio, a Charlie García le han pedido 10.000 y hasta 12.000 bolívares por la reposición del acumulador que necesita su unidad de transporte público. Está varada, sin generarle ingresos, desde hace 18 días. “Estamos sobreviviendo con los ahorros que teníamos, pero ya se están agotando”, contó.

Habría que ahorrar hasta dos meses y medio de sueldo mínimo para evitarse las molestias. Los altos montos despertaron una duda en Sonia Huiza, quien engrosaba la fila de espera. “¿Dónde están los entes públicos a los que les corresponde frenar la especulación?”, cuestionó. “Si esta distribuidora de baterías puede venderlas al precio adecuado, ¿por qué las demás no?”.

La Superintendencia de Precios Justos reguló los precios de los acumuladores en noviembre de 2013. El más reciente ajuste, de junio del año pasado, fue de 18%.

A media tarde no llegó despacho alguno, sino una comisión de efectivos militares que visitó la zona. Huiza también mostró disposición a pernoctar en la calle, a pesar de los riesgos de inseguridad que esto supone.

Miércoles, 6:00 de la tarde. Se les ha sumado más gente. Las hermanas Barrientos seguían en la cola por batería, todavía sin saber si este jueves llegará el camión con el despacho. A primera hora de este día habrán cumplido más de 24 horas de espera incierta.