Para la consecución de la libertad, es necesario desenvolverse en la vida en forma responsable. De allí se deriva el principio de subsidiariedad para el ordenamiento de la vida en la sociedad, según el cual el Estado debe renunciar a emprender aquellas tareas que bien puedan cumplir los ciudadanos o las comunidades inmediatamente inferiores.

Se debe reservar al ciudadano aquello que él sea capaz de ejecutar, ya sea por sí mismo, en el seno de su familia o con la colaboración voluntaria de los demás. El principio de subsidiariedad tiene vigencia para las comunidades grandes y pequeñas, así como para las asociaciones libres y las instituciones del Estado. Es inherente a las obligaciones del Estado y de la comunidad facilitar y fomentar el cumplimiento subsidiario de las tareas.

Sin embargo, el principio de subsidiariedad también exige que las comunidades mayores, hasta llegar al nivel estatal, intervengan sólo cuando las exigencias sociopolíticas superen la capacidad del individuo o de la comunidad más pequeña.

Proponemos tanta sociedad civil cuanta sea posible, tanto Estado como sea necesario; tanto municipio cuanto sea posible, tanto gobierno regional como sea preciso, y tanto gobierno nacional como sea imprescindible.

Primero Justicia tiene la convicción de que frente al dogma de puro Estado no vale el otro dogma de puro individuo. En contraposición a ambos, promovemos la multiplicación del tejido social entre la familia y el Estado a través de la participación en la sociedad civil y la creación de capital social.

Reafirmamos que la participación ciudadana conduce a la transparencia del poder, al mismo tiempo que contribuye a que el patrimonio público sea de hecho público y no capturado por intereses particulares. Entre el Estado Social Burocrático que presta en forma monopolista e ineficiente los servicios sociales, y el Estado Neoliberal que se asume mínimo y claudica sus responsabilidades sociales, postulamos un Estado Social-Humanista que tutele los derechos sociales en asociación con las organizaciones no estatales que prestan esos servicios de manera eficiente y flexible.