Caracas, 22 de mayo de 2022.- Las empresas públicas solo son fuente de ingreso para la nación cuando están bien gerenciadas y se manejan conforme a criterios técnicos y no políticos. Para funcionar adecuadamente requieren de una gerencia independiente, casada con valores fundamentales, como eficiencia, transparencia y conocimiento. Algunos analistas hablan del Estado accionista para referirse a esta noción, donde se dejan a un lado preceptos políticos y se augura la mayor eficiencia posible.

En el mundo hay miles de empresas públicas que son bien manejadas y que aportan al desarrollo integral de sus naciones. En Colombia, Ecopetrol es una de ellas, una empresa que se sostiene sobre los pilares del gobierno corporativo y que se gerencia bajo estándares muy técnicos.

En el caso venezolano, en estos veinte años, ha ocurrido prácticamente lo contrario. En el país se ha hecho eco de ideas fracasadas y de una fórmula doblemente nociva. Por un lado, se aumentó el número de empresas públicas de una forma desproporcional, al punto que, de acuerdo con cifras de Transparencia Venezuela, el Estado pasó de tener 74 empresas en el 2001 a ser dueño de 526 empresas para el año 2017.

Este incremento abismal se hizo, en parte, con base en expropiaciones y confiscaciones. Hay que recordar que entre Hugo Chávez y Nicolás Maduro se han expropiado más de 2000 empresas, todas ellas ahora en quiebra. Se destrozó la producción nacional de alimentos, en un país que antes se autoabastecía en muchos rubros y hasta exportaba.

No conforme con esto, las empresas adquiridas pasaron a ser instrumentos de un proyecto político. Es así como las empresas del Estado se desprofesionalizaron, abandonando sus banderas de gestión independiente y eficiente para impregnarse de las dinámicas políticas.

Por supuesto, esta historia no terminó bien: la gran mayoría de las empresas, por no decir la totalidad, hoy son descritas como historias de escombros, chatarra, desidia y bancarrota.

n otras palabras, todas las compañías tomadas por la dictadura son, en sí mismas, un expediente abultado de fracasos y solo han funcionado para alimentar la corrupción que hoy sostiene al dictador Maduro, quien, dicho sea de paso, ahora, en un intento por tratar de vender un viraje económico, pretende rematarlas a precio de gallina flaca en una bolsa de valores inexistente.

El régimen anunció que prepara una oferta para colocar en el mercado entre el 5% y el 10% de las acciones de varias compañías que fueron nacionalizadas en el pasado, con el fin de adquirir financiamiento para recuperarlas.

Una de ellas es la CANTV, que era una empresa sumamente respetada en el campo de las telecomunicaciones, tanto que se estima que para los años 90 estaba valorada en más de US$4.000 millones de dólares.

Fue tomada por el Estado en el año 2007 y hoy es un modelo de ruina, ya que su influencia en el mercado se ha reducido, su nómina se llenó de activistas políticos, sus servicios se volvieron ineficientes, sus jubilados protestan diariamente por las pobres pensiones que reciben, sus oficinas son expresiones de abandono puro, nadie conoce sus estados financieros, porque no existe transparencia, y los escándalos de corrupción se convirtieron en la orden del día.

En fin, la empresa perdió todo su buen andar y terminó en lo que temíamos: una gran carga para el Estado y un nido de mafias. Prácticamente, la única opción viable para esta compañía es la privatización, y, más allá de la privatización, diría que hay que pagarle a alguien para que la compre, porque es tan mal negocio y tan compleja su restructuración, que ningún empresario serio se aventuraría a adquirirla en estas condiciones, menos si existe un contexto de dictadura, donde no hay garantías jurídicas.