Caracas, 08 de marzo de 2018.- Nuestra Venezuela está malherida. Tiene un estado de deterioro generalizado. Expertos de distintas disciplinas, nacionales y de todos los rincones del mundo, coinciden en la gravedad de los males que la aquejan. Y el tiempo que ha estado sometida a tantos problemas, que se han ido profundizando, también ha afectado su espíritu, que es su gente.

Pero aunque el pueblo está cansado y desmoralizado, todavía arde en cada venezolano la llama de la esperanza, de una cura para nuestra amada tierra.

¡No tengo duda! Esa llama interior, multiplicada por millones y unida en torno a un objetivo común es la que nos permitirá reconstruir a Venezuela. Ese es el espíritu que invadió esta semana a nuestra querida Aula Magna, en el marco del nacimiento del Frente Amplio.

Una inyección de optimismo, de energía, de protagonismo ciudadano y trabajo colaborativo que se multiplicará por todo el territorio para activar un proceso de cambio para sanar a Venezuela.

Si de algo puedo dar fe, en mi vida como servidora pública, es del rol fundamental de las comunidades en el logro de las soluciones a los problemas que las afectan. Más aún, no es posible superarlos si los ciudadanos no se involucran.

Por eso soy optimista y desde aquí hago un llamado para que desempolvemos la esperanza que el régimen se ha empeñado en destruir, porque ahora es más necesaria que nunca.

Vale la pena luchar por Venezuela, por rescatar la democracia, por devolver a los venezolanos las ganas de permanecer y de regresar a esta tierra, de colmarla de oportunidades, progreso y calidad de vida.

La mayoría de la población está descontenta y de lo que se trata es de canalizar ese malestar y las aspiraciones a través de la participación.

La mayoría de los venezolanos quiere buscar el cambio a través de vías pacíficas y democráticas, lo que incluye el camino del sufragio, pero definitivamente en las condiciones actuales, no existen garantías electorales.

De allí la necesidad de organizarse para luchar también por la restitución de los derechos políticos que nos permitirán un cambio de gobierno y, con él, de las políticas que nos hundieron en la peor crisis de nuestra historia.

Tal como están planteadas las elecciones convocadas para el 20 de mayo, no son más que un simulacro fraudulento e ilegítimo. No cumplen los requisitos mínimos de una elección. Votar no es sinónimo de elegir y eso es algo que el gobierno trata de ocultar.

Son múltiples las irregularidades en el proceso: Obstaculizaron la participación, acortando el lapso para la recolección de firmas en el caso de grupos de electores y candidaturas por iniciativa propia y eliminando los partidos políticos -de 67 organizaciones con fines políticos registradas en 2016, se pasó a 18 tras los procesos de revalidación; se acortó de 11 a 2 días el lapso para presentar las postulaciones; se redujo de 118 a 1 el número de días para modificar o sustituir candidaturas; se eliminaron auditorías clave del proceso; se eligió de forma arbitraria la fecha, con un acortamiento inaudito de los plazos para convocar la elección, que en 2012 fue de más de 6 meses y en 2009 de más de 9 meses; también se redujo el período para la acreditación de testigos; y aunque se anunció una nueva jornada especial de Registro Electoral, durante el primer período, que se limitó a 10 días, se redujo considerablemente el número de puntos y no se publicó la información exacta sobre su ubicación, tal como lo establece la ley electoral.

Con su actuación el gobierno y su poder electoral a la medida están violando de forma flagrante la Constitución y las leyes. Un solo artículo, el 3 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales nos permite ejemplificarlo: “El proceso electoral se rige por los principios de democracia, soberanía, responsabilidad social, colaboración, cooperación, confiabilidad, transparencia, imparcialidad, equidad, igualdad, participación popular, celeridad, eficiencia, personalización del sufragio y representación proporcional”.

Es evidente el interés de quienes convocaron esta elección. Buscan simplemente una manera de perpetuarse en el poder, pero no lograron el objetivo de legitimar el proceso y tanto en Venezuela como más allá de nuestras fronteras resuena el rechazo a este llamado al voto.

La denuncia ante la crisis humanitaria que estamos viviendo y la exigencia de restitución de los derechos de los venezolanos es un clamor de organizaciones civiles, mandatarios, organismos regionales y mundiales.

Esta misma semana el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó su informe anual y denunció la crisis política, social y humanitaria en Venezuela. Especificó que la situación política y social no reúne las mínimas condiciones para poder celebrar elecciones presidenciales.

Y si bien es cierto que nuestros problemas tenemos que resolverlos los venezolanos, el apoyo internacional que existe por la magnitud de la crisis, será determinante para avanzar en el camino hacia el cambio.

En ese proceso es fundamental el rol de las venezolanas. Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es momento oportuno para reiterarlo. No es una fecha para celebrar sino para reflexionar y para denunciar el retroceso que se evidencia en la mayoría de los derechos de las mujeres. Pero es también un día para aplaudir, agradecer y sumarse a la incansable labor de las organizaciones que luchan en defensa de los derechos de las venezolanas.

Tenemos que seguir adelante, no podemos permitir que nadie se quede atrás, cada niña, cada niño, cada mujer y cada hombre tienen derecho a un país que les permita desarrollar su potencial.

No podemos permitir que el régimen siga destruyendo a nuestra Venezuela. Crezcamos como fuerza basados en aquello que nos une y nutramos ese esfuerzo con todos los puntos de vista que lo enriquecen.

¡Venezuela no se detiene y nos necesita unidos para su reconstrucción!