Caracas, 28 de mayo de 2014.- No hay duda en que una de las principales patas cojas de la institucionalidad venezolana es el sistema de justicia, que viene deteriorándose desde hace décadas. En una democracia el sistema de justicia es la garantía fundamental de la paz. Bien lo decía el papa Pío XXII "Opus iustitiae pax" -la paz como fruto de la justicia- de forma tal que la justicia es un requisito importante para el logro de la paz.

Otro de los puntos cruciales del papel de la justicia es el de salvaguardar al ciudadano del poder del Estado. El sistema de justicia debe equiparar a cualquier ciudadano de a pie con el más poderoso de los entes el: Estado.

Es necesario recalcar que cuando se habla de justicia, en Venezuela nos referimos a un complejo sistema integrado por: el TSJ, los tribunales en sus distintas áreas e instancias, el Ministerio Público, los cuerpos de seguridad policiales, los cuerpos de policía científica, el sistema carcelario y la defensa pública. Esta red de organismo debe estar bien articulada para lograr la correcta aplicación de las leyes y salvaguardar a la ciudadanía.

Sin embargo ¿qué se puede decir de un sistema absolutamente dependiente del Poder Ejecutivo, o peor, de un partido político? ¿Puede ser justo un sistema que se presta como herramienta para violar abiertamente la Constitución y las leyes? ¿Qué se puede esperar cuando los jueces son amenazados y destituidos si no deciden conforme a la línea del partido? ¿Qué calificativo se le puede poner a un Poder Judicial que viola los derechos de sus ciudadanos por garantizar la estabilidad de un régimen?

La realidad es que en Venezuela no hay un sistema de justicia y por eso no hay paz. Acá lo que existe es una gigantesca burocracia que, por miedo, y para salvaguardar su quince y último, solo espera líneas del partido para ir adecuando de la manera más descarada lo que dice en la Constitución y en las leyes, con lo que el régimen quiere que se haga.

Si se quiere lograr la paz, una de las primeras cosas que hay que hacer es sanear de manera profunda el sistema de justicia venezolano. Mientras sigan encerrando gente en las cárceles por pensar distinto, en lugar de castigar a los delincuentes que azotan diariamente a la ciudadanía, no habrá paz en el país; mientras los cuerpos de seguridad sigan siendo empleados para reprimir y atemorizar, en vez de usarlos para proteger a la ciudadanía, no habrá paz en Venezuela; mientras los cuerpos de inteligencia sigan rastreando conversaciones e interviniendo teléfonos de dirigentes políticos, en vez de usar su capacidad para desarticular las bandas del crimen organizado, no habrá paz; mientras siga una Sala Constitucional del TSJ, actuando como constituyente las atrocidades del régimen, no existirá la paz.

El sistema de justicia se ha convertido en uno de los puños del régimen frente a los ciudadanos. En la Venezuela del siglo XXI, el Derecho no es utilizado para frenar el poder, sino todo lo contrario, es un arma del poder para ametrallar de forma "legal" a la gente.

Es curioso escuchar a los voceros del Gobierno decir que Simonovis, López o los alcaldes presos están allí porque hay que hacer "justicia", cuando a ninguno se le siguió un procedimiento acorde a derecho. Mientras tanto los ladrones de más de 25 mil millones de dólares a la nación se dan la vidorria; o el exalcalde de Valencia chavista, corrupto dicho por ellos mismos, sale en libertad y recupera los bienes que se robó; o los pistoleros de puente Llaguno son héroes de la patria y están en libertad; o la impunidad generalizada traducida en 25.000 muertos el año pasado, por citar algunos casos.

No me cabe la menor duda que en el futuro, cuando se estudie este oscuro episodio de la historia venezolana, el sistema de "injusticia" será uno de los agujeros más negros de toda esta larga y sombría noche.