Caracas, 14 de mayo de 2014.- Tres meses, 42 fallecidos, más de 800 heridos, 160 denuncias de torturas y maltratos inhumanos, 161 personas privadas de libertad, y cerca de 3 mil detenidas. Parecen cifras de un conflicto armado, pero en realidad es el saldo que publica el Foro Penal venezolano al cumplirse más de 90 días de protestas estudiantiles en el país; una realidad que deja al desnudo el carácter fascista y represor del gobierno de Nicolás Maduro.

Sólo un Estado fascista ejerce su autoridad a través de la violencia, la represión y la propaganda; y cualquier parecido entre el concepto y la realidad venezolana no es  casualidad. Muestra de ello es el madrugonazo del ocho de mayo; operativo sorpresa que desmanteló tres campamentos estudiantiles en Caracas, a la sombra de la ilegalidad, y violando los derechos fundamentales de los muchachos que pernoctaban en ellos.

En ese operativo fueron detenidos 243 jóvenes, de los cuales 11 serán llevados a juicio  por supuesto porte ilícito de arma de fuego, agavillamiento, incitación a la desobediencia, uso de adolescentes para delinquir, obstrucción de vías y tráfico de drogas. Justicia express, se pudiera decir, la misma que aún esperan miles de madres venezolanas que han perdido a sus hijos en manos del hampa; hampa que en los primeros cuatro meses del año ha cobrado la vida de casi tres mil personas en el país, sin conocer culpables. Sin duda las prioridades del gobierno, son otras.

Esa incontinencia represiva, demostrada por los cuerpos de seguridad del Estado, tampoco es casualidad. Encarnando el “espíritu del pueblo”, al mejor estilo del fascismo de la Italia de Benito Mussolini, el Estado “todopoderoso” que dirige Nicolás Maduro, enfila sus cartuchos hacia la disidencia; y mientras juega a allanar y reprimir ahoga a sus compatriotas en bombas lacrimógenas y en una grave crisis económica, social y política sin precedentes.

¿De qué estamos hablando?

Recientemente, la Organización Human Rights Watch presentó un informe sobre el uso ilegítimo de la fuerza, por parte de los cuerpos policiales del Estado, dejando al descubierto que existen "evidencias convincentes de graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad". No en vano el Foro Pernal Venezolano se aventura a decir que la cifra de detenciones, en tres meses de protestas estudiantiles, es considerada la más alta en toda la historia de Venezuela; descarada realidad cuando recordamos que la mayoría de los asesinatos cometidos en 15 años de “Revolución Bonita” aún permanecen impunes. Y ni hablar de los 42 venezolanos que han fallecido en los últimos noventa días.

Pero el descaro y la incompetencia del gobierno dan para todo. Tenemos la inflación más alta de la región, el sistema de salud público está literalmente destruido, no hay medicamentos, ni se consiguen con frecuencia todos los alimentos de la cesta básica. Pero de qué preocuparse? Hay que acabar con la disidencia. Esa pareciera ser la prioridad del ejecutivo; ejecutivo que, por cierto, en tiempos de Hugo Chávez no hubiera desmantelado un inofensivo campamento estudiantil, sino que lo hubiera dejado morir de mengua, como ocurrió con la llamada toma de la Plaza Altamira, entre Octubre de 2002 y 2003.

El colmo del descaro lo vivimos el lunes 12 de mayo, al conocer que de los ocho jóvenes detenidos por las protestas en Las Mercedes, sólo siete fueron trasladados al Core 5; el octavo era Julio Rodríguez, hijo del Gobernador de Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, quien ejerciendo su derecho constitucional salió a las calles a protestar en contra de la represión, inseguridad, desabastecimiento y por un mejor futuro para el país, pero que afortunadamente fue dejado en libertad por llevar el apellido de su padre. Casualidad o justicia revolucionaria?