Caracas, 27 de marzo de 2014.- La Justicia se define como el arte de hacer lo justo, y de “dar a cada uno lo suyo” (Ars Iuris). En Venezuela no hay Justicia, porque vivimos en un caos permanente y no existe ese sentimiento de rectitud que gobierna la conducta y que nos hace sentir efectivamente que estamos en democracia. Nos hace falta mucho para llegar a tener un sistema de administración de justicia, como el que merecemos los ciudadanos venezolanos. La justicia es ética, honradez y equidad, definitivamente la justicia es un valor.

Frente a nuestros ojos, tenemos un sistema de administración de justicia inaccesible para los ciudadanos, porque en Venezuela la justicia es cara, no es creíble, es absolutamente vulnerable, corrupta y además es lenta. Los jueces no son independientes, ni imparciales, entonces la Justicia, la dama ciega al parecer, no lo es tanto.

Y es que hacer justicia no es tarea fácil en nuestro país, porque lo justo no necesariamente está consagrado en un texto normativo y lo legal no necesariamente es lo justo. Dar a cada quien lo suyo, para Ulpiano la justicia y la equidad se asemejan. Así nos topamos con la justicia penal, que en Venezuela se encuentra en franco deterioro, jueces, abogados, fiscales y políticos violan la Constitución Nacional a diestra y siniestra, como les viene en gana. Toda esta degradación, depravación y perversión van conformando la sociedad que tenemos hoy en día, una sociedad sin valores ni principios, sin progreso ni bienestar para nadie, que nos conduce al caos y a la anarquía total.

Sin embargo, ante este panorama muchos se llenan la boca proclamando que vivimos en un estado democrático, de derecho y de justicia. La realidad es que en este país no hay eficiencia en el sistema carcelario, un sistema que no se creó para regenerar delincuentes y reinsertarlos en la sociedad como personas de bien; la verdad es que el sistema carcelario hoy día es un centro de profesionalización delincuencial.

Para muestra un botón, lancemos un vistazo al Comisario Simonovis, más de diez años preso, secándose en una cárcel, privado de su libertad, separado de su familia y de su entorno, enfermo, lo vemos alicaído y deprimido, esperando ahí que algún día se haga justicia en su caso concreto, luchando por sobrevivir, en un país donde no existen ya concursos de oposición para el ingreso de jueces, donde el ejecutivo controla el Poder Judicial, designando jueces a dedo, a su buen saber y entender y de acuerdo a la preferencia política que profesan. Pero lo que más me ha impactado y que sienta un precedente nefasto para la administración de justicia en el país es la violación de las garantías constitucionales por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el caso del enjuiciamiento penal del Alcalde del Municipio San Diego Estado Carabobo, Enzo Scarano, justicia Nazi la denominó el Dr. Duque Corredor, quien fuera mi profesor en la facultad de Derecho de la UCAB, se trata de un caso de flagrante violación de los derechos humanos, donde se condena a un ciudadano aplicando una normativa que fue derogada y constituyéndose el TSJ en un tribunal penal, siendo como es el TSJ absolutamente incompetente para enjuiciar y aplicar sanciones de prisión, sanciones que solo pueden ser impuestas por los tribunales penales, violentándose así el debido proceso, el legítimo derecho a la defensa, se violenta el orden constitucional y legal en cabeza de quienes administran justicia en el país.

La impunidad está a la orden del día, la violación a la norma, al derecho, a la justicia en sentido estricto, todo lo cual pone en entredicho la confianza del ciudadano en el poder judicial. De ahí que la situación de inseguridad en el país, se ha tornado en una situación preocupante, por decir lo menos, lo venezolanos, vivimos en zozobra permanente, angustiados porque sabemos cuándo salimos de la casa, pero no sabemos si regresamos; así las madres despiden a sus hijos en la puerta de sus casas, con la bendición y los santiguan antes de montarse en la camionetica, poniéndolos en manos de Dios.

Más del 55% de las víctimas no denuncian a sus agresores y las pocas que lo hacen, afirman que a las autoridades poco les importa y como no se hayan producido hechos de sangre ni siquiera lo reportan. Todo esto sumado a la constante violación de los derechos humanos de los ciudadanos en calle, por parte de los agentes de seguridad del estado; quienes en vez de ocuparse de la seguridad, de preservar el orden público y de restaurar la paz, se ocupan de maltratar física y verbalmente a los ciudadanos. Las torturas, enfrentamientos y amenazas por doquier, están a la orden del día, sobre todo con ocasión de cualquier denuncia. La impunidad, en conclusión, es un hecho que posibilita el círculo vicioso de la violencia porque cuando un crimen no es castigado, aumenta la reincidencia con mayor intensidad, y la población intenta hacer justicia por sus propias manos.

La confianza que genera en la población un sistema de administración de justicia honesto y probo, influye inclusive en su utilización. Tener acceso al sistema judicial, que la justicia sea oportuna y eficaz, no es solo un derecho ciudadano, es además un deber. A los jueces les corresponde garantizar el orden constitucional, la estabilidad democrática y el equilibrio de los poderes, asegurar el debido proceso, la protección de los derechos humanos y de las libertades públicas a los ciudadanos, porque cuando se lesionan derechos fundamentales como: la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, el derecho a la propiedad, y el sistema de administración de justicia, entre otros, y el sistema de administración de justicia permanece inmóvil, los perjuicios resultan irreparables, generando desesperanza en la población lo que aumenta el sentimiento de impotencia y de inseguridad jurídica en la población.

La justicia es la virtud de cumplir y respetar el derecho, los ciudadanos están para exigir sus derechos, interpretar la norma y aplicarla está en manos de quienes tienen esa responsabilidad. Los jueces deben entonces garantizarle el pleno ejercicio de sus derechos al individuo. La Justicia no es simplemente el dar o repartir cosas a la humanidad, sino el saber decidir con sabiduría a quién le pertenecen esa cosas.

La Justicia es un sentimiento y además un valor, como hemos dicho, es ética, equidad y honradez. Kelsen la define así: -”La Justicia es para mí aquello cuya protección puede florecer la ciencia, y junto con la ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la Justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia”. Todas las virtudes están comprendidas en la justicia, de allí la importancia que se haga justicia, pero para que la haya debe administrarse e impartirse sin ningún tipo de discriminación o preferencia. Por eso los jueces deben comprometerse a garantizar el goce, el disfrute y el ejercicio de los derechos ciudadanos, además de promocionar los derechos humanos y los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional. El cumplimiento de la norma es lo que garantiza el orden y en consecuencia la suprema felicidad del pueblo.

Entender definitivamente que administración de Justicia es un servicio público, se hace urgente y como tal, debe impartirse para todos por igual, con equidad, con sabiduría, equilibro y honestidad. Firmes, dejando de lado conflictos o manipulaciones políticas, con la independencia, seriedad e imparcialidad que se requiere. El sistema de administración de justicia necesita ser rescatado de manera inmediata, salir al frente a defender el estado de derecho y de justicia es tarea de todos y cada uno de los que amamos este país, con la intensión de proveernos de las herramientas necesarias para salir de la crisis que hoy día enfrentamos y padecemos todos los venezolanos.