Caracas, 16 de marzo de 2014.- Cuando vemos las intenciones de introducir a los integrantes de nuestras FANB en las actividades políticas, defendiendo a un gobierno profundamente débil, con la finalidad de arrastrar su institucionalidad, revelan la gran descomposición e impunidad de este modelo fracasado que encabeza Nicolás Maduro.

Cuando vemos a grupos paramilitares, administrando la violencia, bajo la mirada cómplice de Nicolás Maduro, grupos que durante los últimos 15 años delinquen, atracan, violan, secuestran, intimidan, reprimen y asesinan, a plena luz del día, a la vista de todos, reiteradamente, utilizando armas que superan incluso a las empleadas por los organismos de seguridad del Estado y con el consentimiento de un gobierno, cuyo rol debería ser promover la justicia y la paz, es otra muestra de la impunidad que hoy recorre todos los rincones de nuestra Venezuela.

Ya suman 28 venezolanos (hasta el día que escribí estas líneas) que han fallecido durante las protestas de las últimas semanas y en las que han actuado estos grupos paramilitares. Para nadie es un secreto que el gobierno es el que los ha armado, institucionalizado y sembrado en los sectores populares, como símbolo de la ideología de la mal llamada revolución bonita, que de bonita no tiene nada, porque tiene al país sumido en violencia e injusticias.

Lamentablemente nadie en nuestro país escapa del drama de la violencia. Todo el mundo tiene un hermano, una tía, un primo,  amigo, vecino o conocido que ha sido víctima de la inseguridad. Paradójicamente, en nuestro país un venezolano puede perder la vida mientras protesta en contra de la impunidad. Otros han sido asesinados simplemente por pensar diferente. También por 3 mil bolívares, por un teléfono celular o por una moto. 

Se trata de una realidad que no cambiará mientras en nuestro país haya impunidad. Sólo en lo que va de 2014 han asesinado a 2.841 venezolanos, un promedio de 48 homicidios al día ocurren en nuestras calles. Tanto estas muertes, en manos de la delincuencia, como los 28 venezolanos que han caído mientras manifiestan su descontento, tienen que dolernos en el alma a todos, porque son venezolanos, como tú y como yo.

Probablemente estas víctimas no tengan justicia. En Venezuela 92 de cada 100 homicidios quedan sin resolverse. No hay castigo para quienes han cometido un asesinato, solo el costo invalorable del enorme dolor de una madre o un padre al que le mataron a uno de sus hijos. La vida es lo más sagrado que tenemos y el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar este derecho fundamental, porque sin vida no hay nada.

Pero este gobierno ha demostrado, con sus acciones y declaraciones, que no le importa la vida de los venezolanos. Vemos cómo en cadena nacional se habla de diálogo y paz y a las pocas horas se hacen llamados irresponsables que conllevan a una confrontación de pueblo contra pueblo.

El miércoles vimos a través de un canal de noticias internacional, porque en los medios nacionales hay mucha censura, como Jhonny Montoya, hermano Juan Montoya, quien fue asesinado el 12 de febrero en situaciones confusas en La Candelaria, decía, palabras más, palabras menos, que la división en Venezuela debería ser entre venezolanos honestos y venezolanos corruptos. No entre el pueblo oficialista y quienes queremos justicia. Jhonny contaba cómo su familia ha tenido que sortear la burocracia institucional para que puedan recibir el pago del seguro de vida de su hermano. Nada más cierto que esa reflexión, porque la impunidad salpica todo y a todos, nuestro pueblo no puede ser indiferente.

Caso como el de la familia Montoya se repiten en todo el país. Venezolanos que han tenido que emprender un verdadero vía crucis para hacer valer sus derechos, después que fueron violentados con cárcel, tortura y persecución por los organismos del Estado.

Aprovecho para resaltar la noble labor que muchos profesionales del derecho están ejerciendo para defender a estos venezolanos que, en muchos casos, no cuentan con los recursos para tener una defensa, por el único “delito” de exigir soluciones a los miles de problemas que tenemos en el país.

Los venezolanos saben que este gobierno está muy lejos de fomentar la igualdad frente a la ley, por eso se sienten en estado de indefensión, más aún cuando tenemos una Fiscalía y tribunales ocupados en perseguir a quienes pensamos diferente, mientras la realidad que aqueja a nuestro pueblo, sin importar cómo piense, es realmente alarmante. Ahí están los casos de Leopoldo López y del comisario Iván Simonovis, quien hoy cumple 9 años y 113 días privado de libertad, solo por adversar una situación con la que no estuvo de acuerdo.

Los venezolanos sabemos cuál es el país que podemos, queremos y merecemos tener. El deseo de los pueblos es la verdad, y la verdad es que el pueblo venezolano quiere unión, tranquilidad y progreso. En definitiva todos aspiramos a más justicia y menos impunidad.

A nosotros nos quita el sueño que en nuestro país haya justicia para todos, que todos seamos iguales ante la ley, que contemos con una justicia transparente, con unos jueces que sean electos por concurso y no por ponerse la camisa de un color para poder administrar la justicia.  A Nicolás solo le quita el sueño hacer todo lo necesario para mantenerse en el poder. Él cree que con represión va a tapar la verdad y a callar a los venezolanos.

Es comprensible el descontento del pueblo agraviado por la violencia y su deseo legítimo de justicia y a la protesta pacífica. Aquí nadie se puede acostumbrar a vivir inmerso en la impunidad y en las injusticias.

Mientras Nicolás duerme feliz y como un niño, nosotros seguiremos con nuestras asambleas populares escuchando a nuestro pueblo. Todo este descontento tenemos que convertirlo en un gran movimiento social para plantarnos con fuerza frente al gobierno. El objetivo es unirnos para lograr los cambios que el país necesita, porque Venezuela no son dos mitades.