Primero Justicia considera indignante la salida de Venezuela de la CIDH y llama al país a rechazar esta decisión del gobierno


Caracas, 10 de septiembre de 2013.- (Comunicado) La fracción parlamentaria de Primero Justicia deploró este martes la decisión del gobierno venezolano de retirar a Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH y lamenta que desde la Asamblea Nacional se avale esta decisión a través de una Comisión Delegada integrada sólo con diputados del Psuv, en vez de convocar una sesión extraordinaria para debatir este tema.

 

Para la bancada parlamentaria de la tolda amarilla es una  lamentable decisión que  viola  la Constitución, desconoce las regulaciones internacionales en materia de derechos humanos y  representa  un grave retroceso de Venezuela en esta materia.

Para Primero Justicia la salida de Venezuela de la CIDH constituye una de las acciones más graves realizadas en contra de la protección de los derechos humanos por parte del actual  gobierno.

El abandono de la Convención Americana coloca a los venezolanos en una situación de indefensión, que se agudiza por la poca  independencia de los poderes públicos en el país.

Vemos como en Venezuela se ha agudizado la politización de la justicia con  casos consumados de injustas inhabilitaciones políticas, así   como allanamientos plagados de irregularidades procesales a la  inmunidad parlamentaria con visos de persecución a la dirigencia opositora,  mostrando la vocación poco democrática de Nicolás Maduro.

De igual forma la persecución del gobierno venezolano también la hemos observado en el cierre y acoso a los medios de comunicación y a periodistas independientes, además del acecho   a dirigentes sociales  y sindicales, dejando muy poco espacio desde el gobierno,  para la crítica y la disidencia.

Desde la fracción parlamentaria de Primero Justicia se hace un llamado de alerta a la comunidad internacional y a las instituciones internacionales responsables de velar por el cumplimiento de la disposiciones vigentes  por parte de los Estados en materia de Derechos Humanos para que exijan al gobierno venezolano una conducta acorde con el progreso alcanzado por la humanidad en materia de respeto a los Derechos Humanos.

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