Richard Casanova denuncia despido de 200 trabajadores de la empresa Alimentos y Grasas El Puerto con el aval del Ministerio del Trabajo


Caracas, 23 de noviembre de 2020.- Unos 200 trabajadores de la empresa Alimentos y Grasas El Puerto, ubicada en Palmeras del Puerto, sector Santa Cruz, municipio Colon del estado Zulia, serán lanzados a la calle bajo la miranda complaciente de la Inspectoría del Trabajo en esa entidad.

Al formular la denuncia, Richard Casanova, miembro del Comité Político Nacional de Primero Justicia, aseguró que en Venezuela “se ha vuelto frecuente que el autoproclamado ‘gobierno obrerista’ sea el principal violador de los derechos laborales”.

El dirigente político, que se convirtió en vocero de los trabajadores, relató que los afectados acudieron al Ministerio del Trabajo para denunciar el despido injustificado, pero la Inspectoría – que es el ente encargado de velar por los derechos laborales y más cuando está en vigencia el decreto de inamovilidad laboral –,  declaró improcedente el procedimiento, dejando en estado de indefensión a decenas de padres de familia afectados por la medida. 

“Estamos ante un despido masivo en un país donde supuestamente existe inamovilidad laboral por decreto presidencial. De manera que actuaciones indecorosas de estos funcionarios del régimen, son una muestra de la demagogia y la falta de solidaridad con la clase trabajadora, la cual solo es utilizada para la retórica populista de quienes ejercen el poder”, aseveró Casanova. 

Al parecer, el conflicto laboral se inició tras la muerte de Rigo Urdaneta, dueño de la empresa. Después de un conjunto de diferencias entre los herederos que asumieron la dirección de la compañía, se produjo el despido masivo e injustificado.

“La Inspectora del Trabajo Yoleida Vega, se abstiene de pronunciarse y mucho menos se atreve a exigir la restitución de los trabajadores en sus cargos. Pero el colmo de la situación surge en el momento en que les sugiere aceptar 60% de lo que les corresponde por prestaciones sociales” y no el 100%.

Casanova finalizó calificando como “inexplicable” el proceder de una funcionaria que debería defender los derechos de los trabajadores. “Esto es insólito para quienes siguen pensando que este gobierno defiende a los pobres y es solidario con la clase obrera. Nada más falso”.

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