Caracas, 17 de febrero de 2017.- Los diputados a la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, Amelia Belisario, José Guerra y Rafael Guzmán, acudieron a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para interponer un recurso, en nombre de los parlamentaristas de la Unidad sobre la violación de sus derechos laborales, toda vez que, por mandato político les mantienen congelados sus salarios y beneficios.

El diputado por el estado Lara, Alfonso Marquina, manifestó que habían asistido para introducir una acción de amparo contra la funcionaria Jennifer Quintero, jefa de la Oficina Nacional de Presupuesto, quien, a su juicio, se presta para "liquidar la autonomía del Parlamento Nacional y violentar los derechos constitucionales que tienen como diputados y ciudadanos venezolanos", dijo.

Expuso que, hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que le ordena a la Oficina Nacional de Presupuesto pagarle a todos los funcionarios públicos, activos y jubilados de la Asamblea Nacional, y que la funcionaria Quintero, "extralimitándose a esta sentencia, ordena el pago al personal obrero administrativo y excluye de manera arbitraria a los funcionarios de elección popular", es decir, a los diputados quienes fueron electos el 6 de diciembre de 2015.

“¿En cuál de las 43 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, hay un mandato expreso de que no se le consignen los salarios a los trabajadores, en este caso a los diputados de la Asamblea Nacional? Este mecanismo además de ser excluyente y discriminatorio también viola los derechos laborales. Lo parlamentarios estamos a dedicación exclusiva y por lo tanto debemos recibir una contraprestación, que es el salario, por el trabajo de cada uno de nosotros”, aclaró Marquina.

Asimismo, el abanderado de la Unidad aseveró que los parlamentarios se encuentran sufriendo los rigores de un Gobierno que, "pretender liquidar, por cualquier mecanismo, a la Asamblea Nacional"; y añadió que los diputados del oficialismo no reclaman estos derechos porque tienen un sistema de remuneración que se da a través de las comisiones y "propinas que les otorgan por fuera del salario que reciben como parlamentarios", inquirió.

Finalmente, Marquina aseveró que con estas medidas los tribunales violan sus garantías constitucionales. “Nosotros, que somos profesionales dedicados a tiempo completo en ejercicio del mandato del pueblo de Venezuela, esperaremos la respuesta de estos tribunales de la República. Así como son diligentes para emitir sentencias en contra de la autonomía nacional y la voluntad del pueblo, yo quiero que se pronuncien en este caso, que es una violación fragante de por lo menos siete garantías constitucionales que tenemos como ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela”.