Los Teques, 01 de noviembre de 2016.- Tras el ajuste de 20% al salario mínimo anunciado por el Ejecutivo nacional la semana pasada, alrededor de 110 mil docentes estadales y municipales del país volverían a devengar un salario desigual comparado al que perciben los maestros adscritos al Ministerio de Educación, así lo sostuvo el secretario para el Progreso Educativo de Miranda, Juan Maragall.

El Secretario para el Progreso Educativo de Miranda aseveró que los ajustes al sueldo son percibidos inmediatamente por los organismos del Estado y que los entes gubernamental regionales y municipales son obviados. 

Explicó que a pesar de que el pasado 27 de octubre, Nicolás Maduro anunció que a partir este 1º de noviembre, el salario mínimo quedaría incrementado en 20%, el Gobierno de Miranda desconoce la fecha de la transferencia de recursos para cancelar ese compromiso salarial. “Enviaremos el documento de formalidad y si no hay respuesta, se decidirán otras acciones”

“El gobierno cuando normalmente hace incrementos, lo aplica de forma inmediata a los Ministerios, pero todos los empleados de gobernaciones y alcaldías quedan marginados. Alrededor de 110 mil docentes venezolanos por fuera del reciente ajuste salarial. ¿Por qué los maestros nacionales sí tienen derecho a cobrar  incrementos de manera oportuna y los docentes estadales no?”, enfatizó Maragall.

Señaló que aunque el Gobierno central decreta ajustes salariales,  no prevé el envío inmediato de recursos a gobernaciones y alcaldías, factor que trae como consecuencia que docentes estadales y municipales no sean homologados. Indicó que desde hace más de 2 años se presenta esta práctica de que se anuncian aumentos pero no son transferidas las partidas especiales para homologarlos.   

“Con el situado constitucional que es la porción que corresponde, se ha honrado la homologación de los últimos años, sin embargo, este año los aportes por situado no han sido suficientes y tampoco nos han enviado recursos especiales para homologar”, informó.

Maragall aseguró que desde los años 80, los contratos colectivos de entes gubernamentales regionales y  municipales establecen que los profesionales educación deben recibir los mismos beneficios que sus pares nacionales. “El verdadero problema es la discriminación”, dijo.