Táchira, 3 de diciembre de 2014.- El coordinador de Abogados Justicieros en el estado Táchira, Daniel Gerardo Pérez Avendaño, aseguró que en representación de los abogados de Primero Justicia interpondrán un recurso de acción legal contra los órganos competentes como el Tribunal Supremo de Justicia, por el cobro de 1.524 bolívares por el pasaporte de niños, niñas y adolescentes, violando el principio de gratuidad establecido en la Lopna.

Pérez Avendaño señaló que por vía Habilitante, Nicolás Maduro autorizó tanto el incremento de 7 a 12 unidades tributarias para la expedición y renovación de pasaportes a ciudadanos, venezolanos y extranjeros, como la eliminación de la exención de estos pagos menores de edad,  mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 60 años.

Utilizaron la Habilitante para reformar la Ley de Timbre Fiscal y violar los derechos, principios y garantías establecidos en la ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, específicamente el principio de gratuidad de las actuaciones establecido en su artículo 9, que es claro al señalar que los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a tramitar el otorgamiento de una cédula de Identidad u otro documento de identificación de forma gratuita. La Habilitante es una herramienta jurídica que faculta al Presidente a dictar decretos sobre las materias que estime pertinentes de acuerdo a las necesidades o emergencias del país. ¿Es acaso una emergencia imponerles la obligación de pagar impuestos a los niños, niñas y adolescentes y a los adultos mayores, cuando estos sujetos de derechos son considerados débiles Jurídicos?¨, subrayó.

El representante de Abogados Justicieros dijo que el  Estado como principal garante de los derechos de los niños y jóvenes, “ahora se dedica a violentar las leyes en un intento por recaudar dinero a todo costa, para así poder mantener el gasto burocrático y tratar de ocultar su ineficiencia en materia económica”.

En 15 años de revolución se dedicaron a regalar nuestros recursos a sus compinches ideológicos y ahora se valen de este tipo de estratagemas para tratar de cubrir el déficit fiscal y sobrellevar una crisis que ellos mismos causaron con tanto despilfarro y el ataque al aparato productivo nacional. Lo peor es que justificaron estas medidas “basados en irregularidades y tergiversaciones en el uso de los documentos de identidad”. Nos preguntamos ¿qué irregularidad comete  un niño, niña o adolescente al sacar su pasaporte? ¿Qué tergiversaciones comente en el uso de estos documentos de identidad?¨, inquirió.

Pérez Avendaño aseguró que ciertamente el país atraviesa una emergencia, pero por la inseguridad, la crisis del sistema penitenciario, la inflación y la escasez, pero que cobrarles impuestos a los débiles jurídicos no va a solucionarla, por ello acudirán al Tribunal Supremo de Justicia y a las órganos competentes para establecer las acciones jurídicas necesarias para obligar al Estado a respetar las leyes y proteger los derechos de los ciudadanos.