Caracas, 1 de diciembre de 2014.- El dirigente de Primero Justicia Juan Carlos Caldera manifestó que su decisión de renunciar al cargo de diputado en la Asamblea Nacional (AN), luego de conocer la sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declaró procedente el antejuicio de mérito, solicitado por la Fiscal general, Luisa Ortega Díaz, obedecen a un "deber" con los ciudadanos que representaba en el parlamento.

"Al renunciar y perder mi condición de diputado, por tanto no tener inmunidad parlamentaria, corresponde pues el proceso ordinario que está en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia ante la Fiscalía y los Tribunales ordinarios", dijo.

Indicó que las acusaciones recaen solo sobre su persona y explicó que es parte de "una persecución política que no tiene ningún fundamento jurídico".

Aseguró que se buscó adversar con él no por las ideas y por las propuestas sino a través del "linchamiento moral y ético, como se ha hecho todos estos años".

Añadió que está comprobado con "evidencias contundentes" que se usó un video editado como prueba para su acusación.

"Queda claro ahí, que se editó y se manipuló para darle un carácter que no tiene".

Caldera dejó claro que la reunión sostenida con Erick Peña, hombre de confianza del empresario Wilmer Ruperti, quien le hizo la entrega de efectivo para el financiamiento de su campaña política "no representa ningún delito".

"Recibir dinero y apoyo para la campaña electoral, en este caso para mi campaña, si hubiese sido un delito te aseguro que no hubiese ido. Yo no ando cometiendo delito".

Explicó que el financiamiento a los partidos políticos sufrió modificaciones en la Constitución de 1999.

"En Venezuela se cambió el tema del financiamiento a la política, antes en la Constitución del 61 el financiamiento era mixto (...) Con la Constitución del 99 eso cambia y se elimina el financiamiento público. Si no hay financiamiento público está el privado".

Fuente: ElUniversal.com