San Cristóbal, 22 de agosto de 2014.- La militancia de Primero Justicia realizó ayer su acostumbrada jornada “Viernes Amarillo” en las inmediaciones de la plaza Los Mangos de San Cristóbal, durante la cual recolectaron firmas para solicitar la aprobación de una Ley de bonos para medicamentos a jubilados y  pensionados, actividad que contó como vocero al concejal del municipio San Cristóbal, Manuel Castro.

---Todos los venezolanos estamos padeciendo el alto costo de los alimentos la escasez en los distintos rubros, pero los más afectados son las personas de tercera edad, que merecen tener una vejez digna, y con la situación actual del país lo que reciben de pensión no les permite acceder ni siquiera a una canasta básica completa y mucho menos comprar los medicamentos que requieren, y eso cuando los encuentran. Por eso Primero Justicia hoy está recolectando firmas para promover el proyecto de  Ley de bonos para  medicamentos a jubilados y  pensionados, que va a servir de paliativo a las tantas necesidades que tienen los adultos mayores de nuestra región y de toda Venezuela--.

El concejal de Primero Justicia por la parroquia Pedro María Morantes, destacó que este bono fue incluso una promesa de Nicolás Maduro durante su campaña electoral, “y hasta hoy en día, contando incluso con una Ley Habilitante no ha podido cumplirle al pueblo, pese a que maneja a su discreción más de 141 mil millones dólares que se hallan en los distintos fondos extrapresupuestarios, monto más que suficiente para cubrir los costos de establecer este bono”.

--Solo se requiere voluntad política para que esta ley sea discutida y aprobada en el seno de la Asamblea Nacional. El Presidente tiene todo a su alcance para que cada pensionado y jubilado que presente ante el Seguro Social el informe médico que justifique su patología, pueda adquirir sus tratamientos mes a mes, porque con un salario mínimo de 4 mil 251 bolívares solo queda preguntarse, ¿compro alimentos o medicinas? porque para ambas cosas no alcanza--, aseveró.

Por otra parte, el representante de la tolda aurinegra rechazó de manera contundente el llamado sistema biométrico que el gobierno obligará a las empresas a poner en los establecimientos comerciales.

“El captahuellas no es más que una vulgar tarjeta de racionamiento electrónica al mejor estilo cubano. Ahora con este racionamiento electrónico del siglo 21, se nos están violando derechos fundamentales como usuarios, como parte de todo de un proceso de humillación contra el pueblo para convertirnos de ciudadanos en súbditos de este gobierno. Por eso rechazamos categóricamente este nuevo atropello contra los ciudadanos, y muy especialmente contra los estados fronterizos que cada vez tienen más controles y medidas militaristas mientras los verdaderos hampones siguen hurtando los recursos de todos los venezolanos”, afirmó.