Caracas, 09 de junio de 2014.- Vecinos de la calle 12 de la urbanización Lomas del Ávila (Asodoce) conjuntamente con el personal de la Comisión de Urbanismo, Ingeniería Local, Vialidad y Transporte del Concejo Municipal de Sucre, presidida por el concejal Juan Carlos Vidal, realizaron una inspección el pasado 27 de mayo al terreno ocupado ilegalmente al final de la calle 12. Los primeros ocupantes ilegales llegaron a esta área verde en 2011 y ya hay más de 30 familias.

Vidal dijo que este problema ya fue ventilado en la Cámara Municipal, a través de un derecho de palabra de los vecinos organizados de Asodoce y por eso fue creada una comisión especial en el Concejo Municipal, que conllevó a la aprobación unánime de todas las fracciones de la cámara para la emisión de un acuerdo en el cual se exhortaba a las autoridades nacionales a cumplir con su obligación y revisión de esta problemática.

Los ediles evidenciaron un alto grado de insalubridad y construcciones no aptas y ratificaron la necesidad de actuar de manera conjunta con los entes de seguridad nacionales.

En el acuerdo N 024-14, el Concejo Municipal de Sucre exhorta a la Fiscalía del Ministerio Público Venezolano con competencia en materia Ambiental, a ejercer
las acciones legales, para proceder al desalojo "de los posibles ocupantes ilegales, siempre en plena garantía de sus Derechos Humanos Fundamentales, y hacer del conocimiento a la GNB, en la sede del Destacamento N 52 con competencia para esta jurisdicción, del presente acuerdo y la cualidad jurídica que supone", se lee en el acuerdo publicado en la Gaceta Municipal N 135-05/201.

El acuerdo destaca que los vecinos han presentado una recopilación documental, que está en manos del Concejo Municipal, entre las cuales se encuentra un acta vecinal suscrita entre la comunidad y los presuntos ocupantes ilegales, en la cual se comprometen a no causar daños ambientales y a no realizar construcciones en el área. Además de un informe emanado por el Instituto de Prevención y Protección Ciudadana del Municipio Sucre (IPPC), en el cual se determina la tala de árboles y situación de riesgos y precariedad en la construcción improvisada de viviendas.