Maracay, 19 de mayo de 2014.- El diputado a la Asamblea Nacional, Richard Mardo, denunció que los maracayeros están recibiendo a través de los grifos de sus casas agua turbia y fétida, que no es apta para el consumo humano.

Durante un recorrido que realizó por el sector 23 de Enero de Maracay, el parlamentario dijo que debido a la grave crisis de la escasez de agua  que atraviesan sectores populares de Maracay, sus habitantes lo que reciben, a través de las tuberías es un agua con olor desagradable y turbia.

Expresó que vecinos le han denunciado esta situación y aseguran que no han  recibido solución por  parte  de Hidrocentro, así como tampoco  de la alcaldía ni del  gobierno regional.

“Nosotros nos hemos dirigido a la comisión de servicios públicos del Consejo Legislativo de Aragua y a la presidenta de Hidrocentro Luguina Cercio y  no hemos recibido respuesta de esos organismos”, precisó Mardo.

Ante este panorama, quien es también coordinador regional del partido Primero Justicia en la entidad, expresó que ante  la falta de respuesta de los organismos, están  constituyendo en las comunidades de Maracay comandos en defensa del agua potable, para exigir solución concreta a ese problema el agua, “pues  es un derecho de los aragüeños recibir por parte  del Estado un servicio de calidad”.

Recordó que los 3 niveles de gobierno tienen la obligación de velar para que esto se cumpla, como está estipulado en los artículos 8 y 10 de la Ley para la Prestación de Servicio de Agua Potable y Saneamiento.

El parlamentario nacional acotó que los sectores del sur y centro de Maracay son los más afectados con la contaminación del agua que además les llega de manera irregular, debido a que apenas lo surten de agua por tuberías dos veces por semana.

Dijo que las personas se ven obligadas ya sea a cancelar el servicio de un camión cisterna por hasta 500 Bs o adquirir botellones de agua mineral que oscilan en los 50 bolívares, lo que implica un gasto adicional y disminuye aún más el salario.

Mardo expresó que los maracayeros no merecen resignarse a recibir servicios públicos deficientes por lo que señaló que están en el derecho de exigir al Gobierno agua para consumo humano de calidad y no un servicio que genere enfermedades.