Caracas, 04 de abril de 2014.- Al ofrecer un balance de 2.149 personas detenidas, 600 heridas, 59 torturadas y 39 muertas, registradas durante los últimos 55 días de protestas en el país, la Asociación de Alcaldes por Venezuela rechazó las violaciones de los Derechos Humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado contra manifestantes, en su mayoría estudiantes, en distintas localidades del país.

“Condenamos la represión salvaje a los estudiantes y pedimos amnistía para todos los detenidos, los presos políticos, alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos, a Leopoldo López e Iván Simonovis, quien lleva 9 años encarcelado. Queremos una audiencia privada con los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, durante su próxima visita, para explicar los hechos y la persecución desatada por organismos del Estado”, afirmó el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz.

La Asociación de Alcaldes por Venezuela denunció que 23 de sus miembros tienen procedimientos abiertos ante distintas instancias. “Algunos tienen denuncias en Fiscalía, otros en tribunales de menores, en tribunales ambientales, civiles, ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con medidas solicitadas o acordadas, de cualquier índole y no sabemos si van a continuar. Lo que si podemos asegurar es que todos los alcaldes hemos cumplido con nuestro trabajo, con nuestras competencias, conforme a las leyes y la Constitución”, explicó Gerardo Blyde, abogado constitucionalista y mandatario de Baruta.

76 Ediles de distintos municipios del país forman parte de este gremio que apoya la mediación que ofreció el Vaticano para buscar una solución a la grave crisis que se vive en el país. Consideran que la escasez, el desabastecimiento, la inseguridad y el desempleo son razones suficientes para las protestas del pueblo y que se busca acallar su voz. Estiman que el gobierno en lugar de dar respuestas a estos problemas ha desatado una represión brutal.

“Nos hemos convertido en la voz del pueblo, la paz en Venezuela pasa por el desarme de los colectivos o paramilitares, que han actuado bajo la mirada cómplice de la Guardia Nacional Bolivariana, invadiendo propiedades, y nos corresponde denunciar estos hechos. Hemos detenido a personas ligadas al gobierno con la manos en la masa, la Policía de Iribarren detuvo a 4 funcionarios del INDEPABIS con un arsenal, que empleaban para dañar semáforos y hacer sus propias guarimbas”, resaltó el alcalde del municipio Iribarren, Alfredo Ramos.

Entretanto, Blyde afirmó que no se callarán. Aclaró que “no hay convocatorias a elecciones en los municipios San Diego y San Cristóbal. Solo hubo una declaración pública de una rectora del CNE y no de la Directiva del ente comicial. Las sentencias de la Sala Constitucional del TSJ son inconstitucionales, violatorias de derechos a la defensa, al debido proceso, revocan jurisprudencia con más de 20 años, de la antigua Corte Suprema de Justicia, se convirtió en juez penal, con los juicios más rápidos de la historia, sin posibilidad de apelación, sin que las pruebas fueran conocidas con anticipación. David Smolansky, de El Hatillo, está en un encuentro de alcaldes en Medellín para exponer estos casos. La paz en el país comienza porque se respete la Constitución para todos”.

Por su parte, Virginia Vivas, alcaldesa del municipio Córdova, en Táchira, denunció que Scarano, Ceballos y López se encuentran incomunicados y con visitas limitadas o condicionadas en la cárcel militar de Ramo Verde. Destacó que eso pudiera ser constatado por la comisión de UNASUR. Vivas relató que no están dadas las condiciones para asistir al encuentro de alcaldes y gobernadores promovido por Miraflores. “Antes de las detenciones de Scarano y Ceballos conocimos amenazas públicas, y tras las detenciones no han cesado las amenazas, no se ha avanzado en soluciones económicas, sociales y menos en lo político, discutidas en mesas, no hay señales de paz, se sigue arremetiendo contra alcaldes, estudiantes y demás ciudadanos”.