Caracas, 26 de marzo de 2014.- El abogado constitucionalista Juan Miguel Matheus, aseguró que la destitución de la diputada María Corina Machado por parte de la directiva de la Asamblea Nacional, "no es legal ni constitucional".

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, resolvió destituir y levantarle la inmunidad parlamentaria a la diputada María Corina Machado sin esperar por las actuaciones del Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). ¿Esto es legal?

R/ No es legal ni constitucional. El texto fundamental establece cinco mecanismos para determinar el fin del mandato parlamentario: el vencimiento del periodo constitucional, la renuncia, la muerte, el referendo revocatorio y una sentencia firme de la Sala Penal del TSJ, que es el juez natural de los representantes populares. Ni el Presidente de la AN, ni su junta directiva ni el pleno tienen competencia para despojar del estatuto parlamentario a un diputado. En caso de hacerlo, estarían usurpando funciones porque se arrogarían competencias del TSJ y, además, irrespetarían la soberanía popular.

Cabello subrayó que Machado se quedaba sin inmunidad parlamentaria y que podía ser detenida de inmediato por traición a la patria. ¿Esto es posible?

R/ Primero, el TSJ debe declarar que hay méritos para enjuiciar a Machado. Posteriormente, el máximo juzgado del país tiene que volver a la AN para solicitar que le quiten esa prerrogativa, medida que debe ser acordada por la mayoría de la Cámara. Incluso en el caso de que le levanten la inmunidad, ella sigue siendo diputada hasta que exista una sentencia firme condenatoria. Pero es que aquí ni siquiera le han levantado la inmunidad.

Cabello dice que Machado es “funcionaria panameña” porque aceptó el cargo de “representante alterno” de ese país para poder participar en la reunión celebrada el viernes por la Organización de Estados Americanos. Si es funcionaria de un gobierno extranjero, no puede estar en la AN.

R/ Eso es mentira. la diputada no recibió un nombramiento sino una acreditación, que le permitía como miembro externo de ese cuerpo poder concurrir a la reunión y tomar parte en las deliberaciones. En síntesis, es una mera acreditación sin consecuencias administrativas ulteriores ni relación funcionaria. Quien viola la Constitución es el propio Cabello al ejecutar un acto de criminalización que lesiona la integridad del cuerpo legislativo, usurpa funciones del TSJ y desconoce la soberanía popular.