Caracas, 14 de noviembre de 2013.- La diputada de Primero Justicia, Dinorah Figuera, durante su intervención en la sesión de la Asamblea Nacional (AN) dijo que la fiscal Luisa Ortega Díaz "le dio una cachetada al pueblo al declarar que no había responsabilidad alguna" de Diosdado Cabello por el caso de presunta corrupción durante su gestión en la Gobernación del estado Miranda.

Igualmente aseguró que el oficialismo ha engañado al pueblo venezolano. "El pueblo está esperando que ustedes sean decentes y le den una calidad de vida digna".

"Llegó la hora de que los que traicionaron a Chávez le digan al pueblo por qué traicionaron su conciencia", dijo.

Por otro lado, le pidió a Carlos Flores, diputado suplente de María Aranguren hasta el día de hoy, explicar "por qué dejó que compraran su conciencia".

Durante su intervención hizo una propuesta de cuatro puntos. "Voy a hacer una propuesta colectiva de todos los diputados de La Unidad", dijo.

"En primer lugar solicitar al Ejecutivo Nacional la aprobación de un aumento general de sueldos y salarios y que sea incluido en la Ley de Presupuesto del año 2014; dos, aprobación de cestatickets para pensionados y jubilados".

También pidió que se nombre una Comisión de diputados de la MUD (Mesa de la Unidad Democrática) y oficialistas "para hacer una fiscalización al Indepabis y revisar los altos precios que hoy tiene Mercal Pdval y algunos mercaditos que tienen en la calle; y voto de censura al presidente del Indepabis (Eduardo Samán), por decir que no hay desabastecimiento, en franca burla de la necesidad del pueblo venezolano".

En tal sentido tachó a Samán de sinvergüenza y atrevido por sus declaraciones.

Por su parte, el diputado Eduardo Gómez Sigala, señaló que "hoy estamos aquí para debatir la corrupción del diputado 99, para ratificar que hay en Venezuela un golpe institucional, que no hay separación  de poderes, que la cuarta habilitante que se hizo cuando nosotros nos incorporamos fue demandada hace tres años en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por un recurso de inconstitucionalidad y hasta esta fecha ni siquiera ha sido admitida".

Al respecto agregó que eso se llama "denegación de justicia. Esa es la justicia venezolana. Hay una sentencia acomodaticia del TSJ donde prevalece el Código Orgánico Procesal Penal por encima de la Constitución en el artículo 187. Ahí se ve la escuela de Aponte Aponte.

Sigala afirmó que es inconstitucional legislar "sobre delitos y penas, y procedimientos especiales para enjuiciamientos. Lo que están proponiendo está fuera del ámbito de la habilitante. Solamente por ley formal se puede legislar en esa materia (...) por eso quieren delegar esa responsabilidad, por eso quieren incumplir con los electores y transferir la responsabilidad que les han dado porque no son capaces de dar el debate en la AN".

"Si quisieran luchar contra la corrupción hay mas de 100 leyes especiales y un proyecto de modificación que tienen engavetado", dijo.

Precisó que esta Habilitante pretende perseguir el financiamiento "a las voces críticas de la sociedad, a las organizaciones no gubernamentales y a los partidos políticos que tienen posturas distintas".

En relación a las recientes fiscalizaciones que adelante el Gobierno nacional destacó que "la sentencia de Maduro que señala que no quede nada en los anaqueles, es un atentado a la Constitución, es la invitación al saqueo. Negocio saqueado, negocio que desaparece. Yo si defiendo la empresa privada, a la empresa pública bien administrada".