Caracas, 17 de octubre de 2013.- El Secretario Nacional de Doctrina de Primero Justicia, Juan Miguel Matheus, analizó las implicaciones constitucionales de las sanciones aplicadas a los diputados Julio Borges y Nora Bracho después de la sesión parlamentaria en la que el presidente Nicolás Maduro solicitó de la AN una Ley Habilitante para luchar contra la corrupción, las cuales consisten en 30 días sin ejercicio del derecho de palabra.

Al respecto, Matheus sentenció que “estamos ante un nuevo episodio de inconstitucionalidad, de incomprensión de la dignidad de la institución parlamentaria y de irrespeto a los derechos de los diputados opositores. Diosdado Cabello no es el dueño de los debates parlamentarios y tampoco es el dueño de la función parlamentaria. La función de Cabello como presidente de la AN es la de moderar los debates, la de favorecer la deliberación política entre los representantes populares y de cara al país, no la de amordazar a los diputados opositores. Quieren silenciar a Borges no dejándolo participar de los debates en torno a la perversa ley habilitante que ha solicitado el presidente Maduro. Pero no lo lograrán y el país conocerá la verdad sobre ese instrumento de persecución y de dominación totalitaria con el que el régimen aspira a doblegar a la disidencia”.

Por otro lado, alertó que “uno de los elementos esenciales a la vida de los parlamentos es la deliberación. Sin deliberación no hay función parlamentaria, no hay realización de los cometidos que la Constitución encomienda a la AN. Por eso los diputados tienen el derecho irrenunciable e inalienable de intervenir en los debates parlamentarios. Eso lo permite la Constitución y es lo que el país está esperando. Por eso hay que decir las cosas con claridad: Cabello viola la Constitución y destruye la institucionalidad de la AN al violar el derecho de palabra de los diputados opositores”.