Caracas, 16 de septiembre de 2013.-  Esta semana se inicia el segundo período legislativo en la Asamblea Nacional. La expectativa está puesta en la solicitud que hará el presidente Nicolás Maduro de la Ley Habilitante, que le permitirá poseer poderes legislativos que asegura, serán para combatir la corrupción. Aunado a la polémica sobre cómo puede ser aprobada esta propuesta, una variable puede sumarse a la ecuación: el enfrentamiento interno en el oficialismo, a juicio del abogado Juan Miguel Matheus.

Para el jurista, Director de Doctrina de Primero Justicia, uno de los primeros perjudicados en caso de aprobarse la Habilitante es el propio presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, por dos razones: una, que no podrá negarse, pues frente a la opinión pública es sabido que la bancada oficialista tiene que servir al proyecto de la Revolución, dándole más poder a Maduro; y segundo, podría ir en su contra, si se avanza en una purga interna que podría devorar al propio Diosdado.

Son hipótesis que no pueden descartarse, pero que Matheus recalcó, quedan en suposiciones, debido a que el debate en la actualidad será determinar cómo aprueban la Habilitante, cuando se requieren 99 votos parlamentarios y la coalición que apoya al Gobierno tiene 98 escaños.

Ya sea por el compro−salta talanquera de un diputado opositor o por vía inconstitucional, en caso de no aprobarse con las tres quintas partes requeridas, el abogado comparte la tesis de la dirigencia opositora: Maduro quiere los poderes especiales para criminalizar a la disidencia. ¿El motivo? Porque sus denuncias y constantes reclamos, representan una piedra de tranca a las políticas del Gobierno, que Matheus definió como tentativas de dominación a toda la sociedad venezolana.

Antecedentes legislativos

El presidente Chávez usó poderes de Habilitante hasta en cuatro oportunidades, lapsos que sumados entre todos, le dieron más de cuatro años legislativos, donde aprobó más de 200 leyes. Maduro ahora planteó la necesidad de contar con esos poderes, que a primera instancia, Matheus analizó como la desconfianza que el presidente tiene al Parlamento.

El abogado recalcó que las leyes habilitantes, aunque ciertamente son posibles por la vía constitucional, tienen diversas peculiaridades. La primera, que solo se pueden alcanzar cuando hay consensos políticos, no ante un clima de confrontación. En segundo lugar, tienen carácter restrictivo. No deberían ser otorgadas para que posteriormente se legisle en materias que ponen en riesgo las libertades y derechos de los ciudadanos, tales como la materia tributaria o penal.

"Cuando Maduro pide poderes habilitantes para combatir la corrupción, en realidad lo que está es pidiendo poderes especiales para legislar en materia penal. Ante eso, puede sustraer libertades y en un contexto de enfrentamiento, de crispación política, se entiende que esos poderes en materia penal pueden ser utilizados y dirigidos a criminalizar a quienes piensan distinto", explicó.

Como miembro de Primero Justicia, Matheus recordó que el 30 de julio se decidió allanar la inmunidad parlamentaria del diputado Richard Mardo. También se inició todo un proceso de desprestigio de la tolda amarilla, acusándolos incluso de manejar una red de prostitución y narcotráfico. Para los próximos días pueden venir nuevas acusaciones que fortalezcan la necesidad de Maduro de hacer creer que combate la corrupción, y uno de esos planes va por eliminar la inmunidad a otros diputados, como María Corina Machado y Juan Carlos Caldera, quienes son investigados constantemente en el propio Parlamento.

En este punto surge una de las características que Matheus endilga a la autocracia venezolana: la persecución que surge desde el interior de la AN. "En otras autocracias, históricamente, la persecución es movida desde el Ejecutivo, pero en ese caso es el propio poder Legislativo que sirve de instrumento para ir aniquilando a los propios opositores. Es una situación única y exclusiva de este régimen".

Callar a la oposición

La llamada persecución a la oposición es tildada de falsa en el Gobierno. Como excusa, muchas veces se argumenta que solo usan excusas. Se busca demostrarlo con las inasistencias de los diputados de la MUD, las más elevadas del Parlamento.

Matheus consideró que el querer achacarle el argumento del ausentismo puede ser venenoso para el debate. El jurista explicó que no están dadas las condiciones para que haya oposición asambleísta, con libertad de conciencia, de expresión y de cara a la opinión pública. "Mientras se calle a los opositores y prácticamente sus planteamientos no sean escuchados, lo que existe es un secuestro constitucional, que se convierte en un instrumento para ir devorando a los propios parlamentarios.

Matheus, presidente también de la organización Caracas Mía, alegó que desde 2010, cuando la oposición retomó la lucha por la AN, el oficialismo comenzó con sus planes de callarlos en su discurso y su accionar. Para ello, se reformó prácticamente en una noche, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, para que los votos del PSUV y sus aliados tuvieran más escaños con menos votos. No solo eso bastó, sino que la presidente de la AN en ese momento, Cilia Flores, planteó una reforma al Reglamento de Interior y Debates del Parlamento, para aminorar y cercenar los derechos de los parlamentarios, además de darle más poder político al presidente de esta instancia, que ahora es Diosdado Cabello.

Posibilidad constituyente

A pesar del quiebre constitucional en la AN, Matheus invitó a todos los ciudadanos a tomar como tarea democrática la reconstrucción del Parlamento. "Ahí surge la pregunta ¿por qué el pueblo tiene que enrolarse para reconstruirla? Porque la AN es uno de los órganos más importantes para que sea posible la democracia constitucional. El Parlamento es el lugar donde tienen que confluir todos los factores de la sociedad. No hay salida de crisis política si la sociedad no es radiografiada en toda su heterogeneidad, y para eso está la AN".

El líder de la Unidad, Henrique Capriles Radonski, no descarta iniciar un proceso de constituyente al finalizar las elecciones municipales del 8 de diciembre. Son varias las voces que lo han invitado a dar ese paso y el gobernador de Miranda aseguró que no lo descartaba. Matheus se refirió que sobre este punto, se tendrá que plantear si el país relegitimará la Constitución de 1999 o sencillamente se promoverá otra. Cualquiera que sea el camino a tomar, la Asamblea Nacional debe ser el pivote de ambas soluciones. También porque es necesario el consenso para elegir a los titulares de otros poderes públicos, como los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los rectores del Consejo Nacional Electoral, el Contralor el Fiscal General de la República.

"No es posible una regeneración de todo el tejido republicano, si antes la AN no lo vive en carne propia. Una transición democrática debe ser abierta a la población. La institución que tiene que irradiar las luces sobre lo que más conviene a la construcción de una nueva orden de libertades, es la Asamblea Nacional".

Reconstrucción del Parlamento

La Asamblea Nacional, para el abogado Juan Miguel Matheus, ha dejado de ser un templo republicano para la libertad de los ciudadanos, para la limitación del poder, para la expresión de la pluralidad social y para la confección del reino de la paz y de la justicia a través de las leyes.

A mediados de año, la Editorial Jurídica Venezolana publicó el libro de Matheus "La Asamblea Nacional: Cuatro perfiles para su reconstrucción constitucional", cuyo autor asegura, está más vigente que nunca. Tras la publicación del libro, el Parlamento se convirtió en un hervidero de pasiones políticas tras el encontronazo y la violencia, por lo que todos los planteamientos expuestos en el texto se pueden usar como referencia para recuperar al Poder Legislativo.

Los cuatro perfiles diseccionados por Matheus son: primero, sobre la conveniencia constitucional, que atañe a la determinación y legitimación del texto constitucional a la venidera democracia; segundo, la necesidad de que la AN ha de ser el escenario propicio para que se produzca el consenso político y social requerido para la refundación de la democracia; tercero, el fortalecimiento del estatuto jurídico del diputado; y cuarto, la introducción del Estado de Derecho en la Asamblea Nacional o sobre la necesidad de controlar jurisdiccionalmente los actos internos.