Caracas, 10 de diciembre de 2014.- En 2013 Venezuela ingresó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en 2014 al Consejo de Seguridad. Ambas membresías fueron publicitadas por el gobierno como reconocimientos a su buen desempeño en materia de derechos humanos. En todo caso, el Estado venezolano tuvo que asumir el compromiso de ponerse al día con la rendición de informes atrasados, en algunos casos hasta por 12 años, ante varias instancias de la ONU.
En septiembre el Comité de Derechos del Niño publicó sus recomendaciones a Venezuela. Destacan las exhortaciones a prevenir el embarazo adolescente y revisar la legislación nacional sobre aborto; continuar esfuerzos para prevenir y castigar la explotación laboral y económica de la infancia, y elaborar estrategias para eliminar la venta de niños, niñas y adolescentes, como también la prostitución y la pornografía infantil.
En noviembre la ONU concluyó que la violencia de género en Venezuela es un problema “generalizado y en aumento”; sin duda, un fuerte revés para el gobierno. Pero la evaluación más controversial de Naciones Unidas fue la realizada por el Comité contra la Tortura, a propósito de los excesos cometidos en la represión de las protestas. Los expertos repudiaron el uso desproporcionado de la fuerza por militares y la actuación de grupos civiles armados afectos al oficialismo.
Sobre la base de estadísticas ofrecidas por el Estado, en el informe final se indica que la impunidad de las violaciones de derechos humanos denunciadas entre 2011 y 2014 asciende a 96,9%.
La visibilización del escrutinio de la ONU adquirió mayor trascendencia nacional e internacional con los dictámenes del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria a favor de los dirigentes de oposición Leopoldo López y Daniel Ceballos. Parte del debate se concentró en una pregunta básica: ¿Cómo es posible que Venezuela sea parte del Consejo de Derechos Humanos y se niegue a acatar las resoluciones de sus organismos?
El panorama para 2015 es más comprometedor para el Estado venezolano, pues será evaluado por el Comité de Derechos Humanos (derechos civiles y políticos) y por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Además comenzará el Examen Periódico Universal (EPU), que terminará en 2016.
Estos tres exámenes implican la revisión detallada de cada uno de los derechos consagrados en la Constitución y en los dos principales tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. Como quedó demostrado con el Comité de la Tortura, la rendición de cuentas ante la ONU se ciñe a una lista de cuestiones previamente definidas, por lo cual cada vez tendrá menos sentido que el gobierno llegue a Ginebra con discursos retóricos y respuestas evasivas.
Cifras
140 presos fallecieron entre enero y mediados de noviembre de 2014, informó el Estado a la ONU. El registro no incluye los 47 muertos por intoxicación en Uribana.
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