Caracas, 11 de enero de 2017.- La característica más prominente de la crisis en la que nos encontramos sumidos la mayoría de los venezolanos, es sin duda la grave ruptura de la vida cotidiana y regular que teníamos cada uno de nosotros, la predominante y nefasta revolución que mantiene dominada a nuestro país, hace que su pretensión de mantenerse en el poder por tiempo indefinido, atente incluso con los más naturales límites de cualquier democracia, como lo son por ejemplo la alternabilidad, el mismo hecho de realizar elecciones de manera periódica e incluso algo tan normal como el tener calidad de vida.
La misma falta de respeto por el marco constitucional vigente por parte de quienes hoy nos gobiernan, hace que la crisis institucional se agrave con el paso de las horas, según nuestra carta magna, los cinco poderes públicos que conforman la estructura del estado, son autónomos e independientes; pero en la práctica ya todos sabemos que no es así, observamos a diario como existe una injerencia y manejo que raya en el abuso por parte del Poder Ejecutivo sobre otros poderes como el Judicial y el Electoral, por solo nombrar a dos de ellos.
Ese descaro del ejecutivo de entrometerse sin guardar siquiera las formas, en las decisiones de otros poderes, es lo que viene causando el desmoronamiento de la institucionalidad del estado y agudiza la crisis que abarca ya los ámbitos económico, social, educativo, político y hasta el cultural.
Dando una mirada a lo acontecido el año pasado en materia electoral, todo el país y el mundo pudo darse cuenta de que aún a sabiendas de que cualquier proceso electoral, es siempre una gran oportunidad para que exista un reacomodo y una recomposición por vía pacífica de la institucionalidad democrática, el mal gobierno del presidente Maduro, conjuntamente con la mayoría de rectores del actual CNE, atentaron contra el derecho al voto y a que los venezolanos se expresaran, truncando la posibilidad de realizar el Referendo Revocatorio en tiempo hábil, dejando mucho más vulnerable e indefensa a la población en ese aspecto y haciendo crecer mucho más la desconfianza en el árbitro electoral, esa es la realidad.
Es de hacer notar que los representantes del llamado Poder Ciudadano, que se encuentra conformado por el Defensor del Pueblo, la Fiscal y el Contralor General de la República, están amplia y notoriamente vinculados al partido de gobierno, fueron además designados de manera amañada y es claro que definitivamente no gozan de la confianza de la mayoría de los venezolanos, ya que sus actuaciones distan mucho de lograr los objetivos del cargo que desempeñan, definitivamente una causa más en pro del debilitamiento de los órganos que dicen representar y con un agravante, ya no solamente es la crisis que por sí sola es grave, es ahora lo que podemos llamar ventajismo institucional, que oscurece aún más todo el panorama del que venimos conversando.
Vemos por lo tanto que los poderes de no elección popular, quienes irónicamente son designados por la Asamblea Nacional, son los que pretenden imponer su visión unilateral de país, algo totalmente incorrecto en los tiempos modernos, pero que en Venezuela es una realidad.
La dupla Ejecutivo y Judicial, uno elegido por voto popular aunque muy cuestionado y el otro designado por la última Asamblea Nacional, anterior al proceso electoral del 6D de 2015, tienen como única misión el impedir por cualquier medio, que el actual cuerpo legislativo cumpla y desarrolle sus funciones constitucionales, lo cual es muy grave; para el momento de escribir éstas líneas se hace pública una nota de prensa emanada del alto tribunal, en la que, palabras más palabras menos, se indica que la Asamblea Nacional no tiene facultad para actuar contra el Presidente de la República; es decir que son los intocables, así estamos.
De todo lo anterior se desprende muy claramente, que al atacar y bloquear toda acción por parte de la Asamblea Nacional, el gobierno sabe que en efecto ese órgano sí tiene las cualidades para actuar y contribuir al restablecimiento de la institucionalidad resquebrajada actualmente, de allí que busca constantemente los medios para impedir dichas acciones.
La salida más idónea y natural a la grave crisis pasa obligatoriamente por que la mayoría se exprese en un proceso electoral que de garantías verdaderas de transparencia en los resultados, los demócratas no queremos una salida diferente, el problema pasa también por que ya no es un secreto que de llevarse a cabo un proceso electoral cualquiera, la derrota para el partido de gobierno sería abrumadora y ellos lo saben.
Aquí debe imponerse como un denominador común entre los que creemos que hay que buscar un camino no violento para salir de la actual situación, la propuesta de unas elecciones que renueven todo si es necesario y que sea el venezolano el que defina su destino, un proceso con observación internacional que de modo imparcial vele por la transparencia del mismo; para que sea renovada la estructura del estado, que vuelva a existir separación efectiva de poderes, autonomía e independencia entre ellos, todo dentro del marco constitucional como debe ser, así de simple y sencillo.