Maracaibo, 14 de mayo de 2016.- “No existe basamento constitucional que sustente la decisión de prorrogar el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que ya de por sí entró en vigencia de manera inconstitucional. Este anuncio se suma a la larga lista de inconstitucionalidades que ejecuta Nicolás Maduro”.
Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional (AN), informó durante un recorrido por el sector San José de Casigua El Cubo, municipio Jesús María Semprún, que el ente que tiene la responsabilidad de control político de un decreto de emergencia económica es la Asamblea Nacional y que ya en dos oportunidades y “con fundamentadas razones”, se rechazó y negó ese decreto.
“La Constitución establece que basta con la negativa de la AN para que el decreto pierda vigencia, pero lo que ha pasado es que tanto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como el Presidente, violaron la Constitución para hacer que entrara en vigencia y ahora lo vuelven a hacer, renovando ese decreto”. Destacó que en caso de emergencia económica y estado de excepción sólo se pueden dar dos decretos máximos: un decreto de 60 días y una prorroga de 60 días más.
En medio de su gira de tres días por el Sur del Lago de Maracaibo, Guanipa sentenció que Maduro busca eliminar el control de cualquier modificación presupuestaria por parte de la AN. “El Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica tiene claramente establecido que el Presidente puede hacer modificaciones de partidas, aprobar créditos adicionales y todo lo que debe hacer la AN, pero sin pasar por la revisión de los diputados. Puede comprar cualquier producto para el país, cerrar cualquier contratación o licitación sin ningún tipo de control y eso mantiene una situación de discrecionalidad que termina siendo un abuso de poder. Esa situación de discrecionalidad es un paso muy corto hacia la corrupción porque cuando el gobierno no tiene quien lo controle, se corrompe”.
Aseguró que la razón política del mantener el decreto de emergencia es la negación de la Asamblea Nacional. “Desde que nos instalamos han buscado la manera de anular a las decisiones de la AN y mucho más en su responsabilidad de control público que es una de sus atribuciones más importantes. Si el Gobierno mantiene inconstitucionalmente al país en emergencia económica, no tiene la obligación de consultar con la AN nada en materia presupuestaria”.