La igualdad de derechos implica que el libre desenvolvimiento de la persona debe tener vigencia independientemente del género. Deseamos que tanto hombres como mujeres puedan desarrollarse en libertad y responsabilidad, según sus inclinaciones, talentos y deseos.
Creemos en el compañerismo como uno de los principios de interacción de los individuos. Compañerismo significa que hombres y mujeres reconocen mutuamente su valor propio, que son responsables el uno por el otro y que pactan, sobre la base de la igualdad de derechos, las tareas que les corresponden, dentro y fuera de la familia.
Asumimos como una tarea esencial del liderazgo político la construcción de reglas de juego para organizar la convivencia pública. Éstas deben premiar el comportamiento adecuado y castigar los comportamientos al margen de la ley, minimizando su posibilidad de éxito. La esfera pública debe estar fundada en relaciones impersonales a través de la ley y del reconocimiento de la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos.
Estamos conscientes que la creación de instituciones debe ir acompañada de un cambio cultural que soporte y refuerce el respeto de las reglas de juego que hacen posible la convivencia social. La familia y la escuela deben jugar un papel fundamental en la formación cívica. La aplicación uniforme de la ley y el respeto a su majestad constituye la mejor forma de reforzar el círculo virtuoso de funcionamiento y credibilidad de las instituciones.
Para Primero Justicia, el capital social es el cemento de las instituciones.
La ley es el origen y el límite del poder público. La Constitución es un marco para el gobierno democrático que protege las libertades fundamentales de los ciudadanos frente a las mayorías circunstanciales, al tiempo que permite que los ciudadanos se gobiernen a si mismos de manera efectiva. Un sistema de justicia independiente, accesible y eficiente es la única defensa que tienen los derechos ciudadanos ante la prepotencia y las arbitrariedades del poder.
Reivindicamos la separación de poderes como mecanismo de contrapeso y transparencia en el ejercicio de la autoridad. Planteamos la selección de las máximas autoridades del sistema de justicia con base en la meritocracia y no en el servilismo.
Las Fuerzas Armadas tienen la tarea especialísima de portar y custodiar las armas del pueblo venezolano y el uniforme que los representa. Ello obliga a sus miembros a observar una conducta distinta al resto de los venezolanos. La condición de ciudadanos en uniforme supone una serie de principios que son para los justicieros inviolables.
En primer término, la Fuerza Armada debe estar subordinada al gobierno civil. Ello supone el carácter obediente que deben tener las fuerzas armadas a las instituciones civiles bajo cualquier circunstancia.
En segundo lugar, las Fuerzas Armadas deben ser no deliberantes. Jamás deben ser parte activa del debate político de la sociedad civil, sino por el contrario, derivado del principio de obediencia, deben ser los guardianes de las reglas de juego y de las instituciones sociales.
En tercer lugar está el principio de especialidad, que circunscribe a las Fuerzas Armadas a un ámbito de tareas relacionadas con la defensa de la nación venezolana de cualquier agresión externa y el mantenimiento de la seguridad de la misma al facilitar, de acuerdo a los principios anteriores, el libre desenvolvimiento de las instituciones civiles.
Primero Justicia es declaradamente civilista. Creemos en unas Fuerzas Armadas no políticas, no partidistas, profesionales, no deliberativas, obedientes y subordinadas a la sociedad civil a través de sus instituciones.
La historia venezolana ha sido marcada por episodios tales como la independencia, la creación de la nación o la profundización de la democracia, que han tenido como protagonista la vida local y el poder del pueblo organizado. Por ello la descentralización es un tema fundamental para Primero Justicia.
La descentralización y el valor de la subsidiariedad van tomados de la mano. Ambos temas implican la coherencia de hacer de la persona humana el sujeto y fin de las instituciones políticas, pues suponen el acercar las decisiones públicas al ciudadano, garantizando un ejercicio de responsabilidad de cada sujeto sobre el bien común.
Primero Justicia cree firmemente que la descentralización debe llegar hasta los niveles más profundos de las comunidades organizadas para que sea posible el desarrollo del principio de la subsidiariedad de manera plena. De ese modo, las iniciativas para salir de la pobreza podrán nacer de una sociedad con tejido de capital humano esencial para que tengan éxito.
Defendemos la libertad y la diversidad de los medios de comunicación. Los medios libres y responsables posibilitan la generación de la opinión pública y contribuyen a controlar en forma efectiva el poder estatal.
Esta libertad debe ir de la mano de la responsabilidad. Especialmente importantes son la protección de la personalidad así como la consideración de las convicciones éticas, religiosas e ideológicas de la sociedad.
Las emisoras privadas también tienen una responsabilidad hacia la democracia. Deseamos una oferta pluralista y rechazamos por ello cualquier forma de dominio en los medios impresos o electrónicos. Nos oponemos, tanto a nivel nacional como internacional, a una concentración de los medios que ponga en peligro la pluralidad de opiniones y el mantenimiento de la competencia.
Reclamamos y propiciamos un consenso general en la sociedad sobre una ética global para los medios de comunicación masiva. Su punto central debe ser un profundo respeto a la vida, la inviolabilidad de la dignidad de la persona, la tolerancia y la disposición al diálogo.
El campo y la ciudad son espacios diferentes pero complementarios, símbolos de nuestra diversidad nacional. Encarnan distintas maneras de convivencia social, de expresión cultural y de actividad económica.
El campo es fuente y expresión de nuestra diversidad sociocultural y de la riqueza económica propia de cada región del país. Por su parte, la ciudad también expresa la pluralidad de Venezuela como nación unificada. Al mismo tiempo, en la ciudad es donde mayoritariamente se están desarrollando los venezolanos como ciudadanos. Sin embargo, nuestras ciudades son retazos segmentados con ciudadanos que no gozan de los mismos derechos, ni oportunidades.
Creemos que la modernización de Venezuela pasa por el fomento de lo urbano y la asistencia al campo. Sólo a través de una visión integral, progresista y humanizante de la sociedad, acompañada de una descentralización efectiva y la aplicación de la subsidiariedad, se podrá desarrollar Venezuela como un todo.
El mundo está inmerso en la permanente dinámica de globalización. Al lado de las oportunidades que genera este proceso, coexisten aspectos negativos como el crimen organizado, el terrorismo, la subversión, el narcotráfico, los nacionalismos exacerbados, las autocracias y el comercio desleal. El reto de Venezuela es fomentar un proceso de globalización que traspase el simplismo de la retórica antiglobal o de la sumisión pasiva a las fuerzas internacionales, proponiendo alternativas de desarrollo humano sustentables.
La globalización responsable debe ser una mundialización. Para la globalización no hay personas ni comunidades con historia, cultura, necesidades o proyectos, sino entes económicos dentro de un mercado global. En cambio, la mundialización es protagonizada por personas, comunidades y naciones que se relacionan entre sí con libertad, dignidad y justicia. Al lado de las estructuras tecnológicas y económicas, éstas construyen leyes e instituciones responsables y solidarias que brindan un marco de acción conocido, construido y aceptado por todos, con pleno respeto a la cultura, la tradición, valores y creencias de cada pueblo. La mundialización busca globalizar los valores fundamentales de los seres humanos, como los derechos humanos universales y la responsabilidad solidaria.
La política para la juventud es política para el futuro. En la juventud se toman decisiones fundadas sobre los valores, las ideas y los modelos que servirán de orientación para el resto de nuestra vida.
Cada generación debe ser reconquistada con respecto a la democracia y los valores que forman el fundamento de nuestra historia. Nuestra política desea contribuir a ello y facilitar a los jóvenes el camino hacia una vida responsable y autónoma con igualdad de oportunidades.
Primero Justicia promueve como política de Estado las diversas iniciativas y asociaciones de niños y jóvenes, pues revisten una especial importancia por generar el espacio para experiencias autónomas que enriquecen a la sociedad civil y el tejido social, así como la subsidiariedad.
En la perspectiva individual de vida y en la conciencia de la sociedad, la tercera edad es cada vez más importante. Abogamos por mejorar las condiciones marco que permitan a las personas mayores una vida digna y un actuar con responsabilidad propia, entendiendo que una política para la tercera edad es una tarea que trasciende anticipadamente a otros ámbitos de la política social, económica, familiar, cultural y educativa. En Primero Justicia creemos en la necesidad de un verdadero sistema de seguridad social.
Defendemos una política de cooperación entre las generaciones no sólo en forma conjunta, sino también en forma recíproca. Jóvenes y ancianos pueden aprender en la misma medida los unos de los otros, intercambiando experiencias y, a través del vínculo entre las generaciones, profundizando valores como la tolerancia y la capacidad de consenso, la responsabilidad y la solidaridad.
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