El desarrollo de una economía que impulse la justicia social requiere de una fuerte y vigorosa sociedad civil. La sociedad civil creativa, plural y pujante es un elemento esencial para lograr el desarrollo de nuestro potencial como nación.
Primero Justicia sustenta su visión social de la justicia sobre las asimetrías que existen entre aquellos intereses que se encuentran organizados y los no organizados, entre los que trabajan y los que no participan del mundo laboral. Allí reside una brecha de injusticia que debe ser cerrada bajo la promoción de la subsidiariedad y la fortaleza de la sociedad civil.
Los grupos que se encuentran más débilmente organizados o desorganizados del todo son los grupos más vulnerables: los pobres, las personas de edad, los padres, los niños, los inválidos, los que han perdido su trabajo y los informales, entre otros. Generalmente estos grupos sucumben en la lucha por la justicia social frente a grupos más poderosos y organizados de la sociedad. Primero Justicia cree firmemente que el Estado y la sociedad deben amparar a estos grupos vulnerables y ayudarlos a que ellos mismos puedan organizarse para defender sus derechos y ser fuertes frente a la dinámica social.
En Primero Justicia sostenemos que no es justo que millones de venezolanos viven en una situación de pobreza inaceptable mientras la riqueza se concentra en una minoría. No es justo que la pobreza venga acompañada de exclusión en cuanto a salud, educación, derechos, y seguridad social. No es justo que el Estado maneje sin control social la riqueza que pertenece a todos los venezolanos, propagando corrupción e ineficiencia.
No es justa una Venezuela en la que miles de niños no reciben la nutrición que requieren para su sano desarrollo. No es justa una Venezuela donde millones de niños y jóvenes no estudian ni tienen acceso a los servicios básicos de salud. No es justa una Venezuela en la que millones de jóvenes están desempleados o mal remunerados. La tarea de erradicar la pobreza, material y espiritual, es la que nos empuja a la acción política.
Por ello, la Venezuela de la Justicia, significa para Primero Justicia convertir a Venezuela en una sociedad en la que la única limitante del desarrollo de un individuo sea su esfuerzo y sus talentos innatos. Una sociedad donde los padres sepan que sus hijos, y, a su vez, los hijos de sus hijos, tendrán cada vez un futuro mejor.
Debemos convertir la interrelación del hombre con la naturaleza y con el medio ambiente en un principio rector de nuestras acciones. El principio de causalidad y de previsión son los fundamentos del orden ecológico.
Deseamos que el peso de los costos originados por la falta de precaución hacia el medio ambiente y por su utilización recaiga sobre todos los que, ya sea como productores o como consumidores, los hayan causado. Esto sólo se podrá garantizar cuando los costos se reflejen en precios ecológicamente auténticos. Con ello daremos señales y crearemos impulsos para un comportamiento preservador del entorno.
Los instrumentos para lograr estos objetivos son la legislación marco de ordenamiento y los estímulos del mercado y la mediación y conciliación de intereses. A través de estos instrumentos se puede integrar el desarrollo con la preservación de los escasos bienes de la naturaleza.
Partiendo de la responsabilidad individual en una economía que impulse la justicia social, queremos aprovechar primero todas las posibilidades de cooperación entre entes públicos y privados antes de recurrir a la reglamentación estatal.
Nos inscribimos dentro de la tendencia occidental que basa su desarrollo institucional y productivo en la regla básica del respeto a lo derechos de propiedad. Suscribimos la visión de que las labores prioritarias del Estado incluyen el hacer respetar los contratos y administrar justicia de forma independiente.
Al mismo tiempo creemos firmemente en la democratización de la propiedad para que cada persona y cada familia pueda enriquecer y desarrollar una vida plena de creación, crecimiento y bienestar. La concentración del poder económico, ya sea en manos privadas o estatales, lesiona el principio de la competencia, menoscaba la diversidad de opciones de los ciudadanos y genera efectos distributivos negativos en la sociedad.
Por ello, la democratización de la propiedad privada se postula como un pilar fundamental para desarrollar una cultura de respeto a la propiedad privada, basándose en la premisa según la cual de la propiedad privada nacen buena parte de las posibilidades de decisión y creación de los individuos y aumenta la libertad personal y el progreso colectivo.
Particularmente para Primero Justicia, el reconocimiento de los derechos de propiedad en nuestros barrios reviste una importancia crucial para el progreso económico de las familias más necesitadas.
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