Caracas, 27 de enero de 2019.- La diputada a la Asamblea Nacional Yajaira Castro, aseguró que a raíz de la gran marcha del 23 de enero cuando el pueblo venezolano masivamente salió a las calles en rechazo al régimen de Maduro y su usurpación en el poder, se ha desatado una brutal agresión contra los venezolanos que ha traído saldos lamentables y una notoria violación a los derechos humanos a nivel nacional por parte de organismos de represión del estado.

“Hoy queremos anunciar que estamos en presencia de una suspensión de garantías solapada y de una violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen”, dijo la parlamentaria a la vez indicó que estas agresiones se están llevando a cabo especialmente en los sectores populares “donde vecinos están pasando hambre y necesidad porque no consiguen alimentos, medicinas, no tienen luz, agua ni gas y la inseguridad los está matando  y por eso han salido a protestar en contra del usurpador para que haya un cambio de gobierno.

Castro aseveró que en vista a dichas protestas, la Guardia Nacional y el FAES han arremetido contra el pueblo llevando a cabo detenciones arbitrarias, allanando viviendas sin ordenes de allanamiento, realizando ejecuciones extra judiciales y sometiendo a detenidos a tratos crueles e inhumanos.

“Estas denuncias han sido manifestadas por los propios familiares de los detenidos, quienes dicen que sus familiares han sido golpeados  y presentan signos de torturas, también que son llevados ante tribunales donde jueces sin importar la inocencia de los detenidos, los privan de libertad, sin respetar ni siquiera que entre los detenidos haya menores de edad como en el Estado Amazonas, donde se le dictó privativa de libertad  a 5  menores, entre ellos a una niña  indígena de 14 años, o en el estado Yaracuy, donde la juez privó de libertad a 11 niños aún cuando la fiscalía le solicito la libertad de los detenidos”.

La también dirigente de Primero Justicia denunció que hasta el día de hoy las ONGs que han conformado grupos de abogados defensores de los derechos humanos, que se ha registrado al menos 600 personas injustamente privadas de libertad a nivel nacional y unas 30 asesinadas.

“Le hacemos un llamado a los funcionarios tanto militares como policiales, que cesen estas graves violaciones de los derechos humanos y recordarles que estos delitos no prescriben y su responsabilidad es individual, acá no procede el incumplimiento de órdenes superiores ni serán amparados por la ley de amnistía”, concluyó.