Ángel Medina: “Decreto de Emergencia Económica da mucho poder al gobierno y limita a los venezolanos”


Ciudad Bolívar, 20 de enero de 2016.- El Decreto de Emergencia Económica, dictado el pasado viernes por el presidente Nicolás Maduro, es por sus objetivos más que una Ley Habilitante al declarar el Estado de Excepción a restringir derechos constitucionales.

Por lo tanto, no apunta a resolver la crisis de la economía nacional, sino que da mucho poder al gobierno. Le quita controles al ejecutivo y limita a los venezolanos, dijo ayer el diputado Angel Medina, vice-presidente de la comisión parlamentaria de política exterior de la Asamblea Nacional.

El diputado por este estado a la AN habló sobre el tema, al expresar su postura crítica frente a dicho decreto presidencial, de 10 artículos y publicado en la Gaceta Oficial 40828, de fecha 15 de enero de 2016.

Destacó que la oposición, que tiene amplia mayoría en la AN, quiere un debate público y nacional de cara al país, a los fines de determinar si el decreto sirve o no para sacar al país de la severa crisis económica en que se encuentra hundido como consecuencia del modelo económico aplicado por el 'régimen que gobierna a Venezuela hace 18 años.

El también dirigente nacional de Primero Justicia hizo, a manera ilustrativa, una interpretación del articulado del decreto, luego de leer su texto en una laptop que tenía al frente sobre una larga mesa, a la que se sentó entre William Velásquez y Julián Briceño, respectivamente, secretario general y coordinador municipal de Primero Justicia en Heres, en una rueda de prensa en el Laja Real, en la que igualmente lo acompañaron y escucharon Aliana Estrada, coordinadora general regional; Dick Souki, de la dirección regional; Luis Rengel, coordinador juvenil en este estado; Maria Girón, Katty Nieto, Roberto Lugo, Luis Cadena, entre otros dirigentes municipal de la tolda aurinegra.

El legislador se reunió con los periodistas después de llegar desde Caroní, donde el pasado lunes participó en una asamblea popular donde explicó las intenciones y propósitos que persigue el régimen de Maduro con el referido decreto. Una actividad similar cumplió Medina en la tarde de ayer en un sector de Los Próceres de esta ciudad. Estos actos forman parte de la agenda parlamentaria de calle de la Mesa de la Unidad Democrática para informar y discutir con la gente los proyectos de leyes sociales, económicos y políticos que se presentan en la AN a los fines de su discusión y aprobación.

Medina, acompañado de Velásquez, Briceño, Estrada, Souki y Rengel visitó antes del acto en Los Próceres a El Expreso, donde dialogó con el director, Luis Alberto Guzmán Alfonzo, sobre el Decreto de Emergencia Económica y otros temas de actualidad nacional, regional y local.

Cuentas bancarias y salarios podrían ser afectados

Medina afirmó, en sus preocupaciones y alertas a la vez al reaccionar frente al decreto, que el gobierno podría congelar cuentas bancarias, fijar restricciones a grandes operaciones financieras, limitar las compras de bienes a la familia, incluso, pueden afectarse sueldos y salarios, porque en el artículo 4 de la medida se establece que los ministerios con competencia en materia económica y finanzas coordinarán con el BCV los límites máximos de ingresos y egresos que tendrá la moneda venezolana, así como las restricciones a ciertas operaciones y transacciones comerciales y financieras, a los efectos de proteger la economía nacional.

El diputado de PJ también leyó y comentó el artículo 3 del decreto, cuyo texto dice que el presidente de la República podrá dictar otras medidas de orden social, económico y financiero que estime conveniente a las circunstancias.

“Qué medidas son esas”, se preguntó Medina, al criticar la imprecisión y generalidad del texto que, a su juicio, significa que Maduro quiere luz verde de la Asamblea Nacional para hacer y deshacer donde le la gana. En este contexto, el parlamentario dijo que el presidente tendrá que explicarle a la AN cuáles son esas “otras medidas”, qué eso que “estime conveniente”, “quien qué y cuándo”.

Maduro quiere usar recursos sin ningún control

Medina, al analizar el artículo 2, dijo que el gobierno pretende con el decreto disponer de los recursos financieros del país sin ningún tipo de control, puede importar y exportar violando trámites establecidos a las importaciones como exportaciones.

También el régimen podría desviar recursos de las escuelas para destinarlos a las misiones. Sacar dinero presupuestado para la seguridad ciudadana a fin de usarlo en la importación de alimentos. Podría restringir las operaciones comerciales de un supermercado para beneficiar a los mercales. “Nada de esto va a garantizar que salgamos de la crisis económica”, enfatizó.

Frente a esa situación, el diputado se interrogó si el decreto acabará con las colas, el desabastecimiento, la escasez de alimentos y medicinas y la inseguridad.

AN modificará Decreto de Emergencia Económica

Medina afirmó, al responder una pregunta de los periodistas, que el Decreto de Emergencia Económica está enmarcado en un Estado de Excepción. Ello obliga a la Asamblea Nacional, por mandato constitucional, ejercer un control inmediato sobre el ejecutivo cuando este dice que limitará derechos constitucionales.

Expresó que el gobierno puede enviar el decreto al Tribunal Supremo de Justicia que emita un pronunciamiento acerca de si es o no constitucional. El TSJ puede decir que es constitucional. La AN podría decir también que es constitucional, pero no es viable, porque no resolverá los problemas de la gente.

Adelantó que la Asamblea Nacional hará un conjunto de propuestas al ejecutivo para solicitar modificaciones del texto original del decreto.

Afirmó, respondiendo otra pregunta, que el diputado José Guerra preside una comisión especial de la AN que estudia el decreto y en tal sentido citará a su seno al presidente del BCV, ministros del área económica y financiera, economistas y otros sectores del país a los fines de elaborar el informe pertinente para su discusión y aprobación en cámara plena.

Medina aseguró que la AN cumplirá su trabajo de analizar y fijar posición frente al decreto en el plazo establecido de ocho días, a partir de la publicación de la medida en la Gaceta Oficial.

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