Caracas, 17 de abril de 2017.- En cualquier nación medianamente sujeta a los principios democráticos, la protesta es un derecho ciudadano y muchas veces constitucional, el ejercicio de manifestarse públicamente es uno de los principios que determina el control de las mujeres y los hombres sobre su gobierno, es el acto mayor de reclamo de los individuos frente a sus condiciones, frente a las discusiones de la sociedad.

Y es que hacer uso del derecho a la protesta hace necesaria una clarísima manifestación de voluntad de quien lo decide usar. Toda persona que decide salir a las calles a protestar o levantar un cartel, a gritar su anhelo, a marchar e incluso a llevar una carta a una institución, debe salir de su cotidianidad y redistribuir su tiempo para ejercer este derecho, debe transformar su rutina e incluso tomar de sus recursos para poder hacerlo realidad, debe dejar su espacio personal para transformarse en un agente social y eso tiene sin duda un costo para cada quien, un costo que se decide asumir cuando efectivamente se ven truncadas las vías racionales y previas que permitan poner en punto de decisión el tema que reclama.

Las elecciones, las consultas públicas, los referéndum,  asambleas, la delegación de representación en los cargos electivos, la opinión que se ejerce por las redes sociales y participación en gremios, sindicatos, asociaciones o clubes, todas son formas reales de poder expresar de manera ciudadana nuestras opiniones, que son productos que no se agotan sino que se practican de forma permanente, pero que en un sistema político pueden verse saturados o inútiles cuando quien ejerce el poder impide que sean los naturales y efectivos medios para la resolución de los conflictos.

Venezuela vive hoy el hastío de un gobierno que ha decidido cerrar o al menos limitar a su mínima expresión, toda forma de participación ciudadana, se ha transformado en un poder que de forma antinatural, llego por delegación de muchos (y aquí es claro resaltar que mediante una elección radicalmente oscura en sus escrutinios) y en el camino asumió la destructiva vía de ir contra el ciudadano, en vez de trabajar por un país tomo el camino autocrático de interpretar de forma errada que el poder era una especie de herencia sin compromisos y por tanto sus fines más importantes estaban en mantenerlo y conservarlo para una elite política, incluso, si esto implicaba la destrucción de la economía y la sociedad, incluso si exigía el hacer barreras insoslayables entre el Pueblo y la clase dominante.

Desconocer al poder más legítimo de la nación como lo es la Asamblea Nacional, burlarse de más de 14 millones de venezolanos que eligieron este cuerpo legislativo, negar el referendo revocatorio, impedir las elecciones regionales, poner barreras frente a toda institución pública, desconocer universidades, academias, expertos y ONGs en sus planteamientos, censurar la información ofrecida en los medios de comunicación, militarizar la sociedad, impedir el libre tránsito, coaccionar, amedrentar, encarcelar y obligar al exilio, incumplir los acuerdos y compromisos asumidos en una Mesa de Dialogo que poco funcionó, impedir incluso acercarse a cualquier funcionario público, ha sido la receta preparada y ofrecida por el poder a un país sumido en una crisis sin precedentes, han cerrado de forma ilógica pero con enorme razón de autocracia, cualquier medio convencional para la libre expresión y presión de los ciudadanos en ejercicio de sus derechos sobre el poder.

Cerraron todos los caminos y con ello dieron pie al camino de la manifestación popular, de la presencia de millones de hombres y mujeres en las calles reclamando su justo derecho a ser como mayoría decisores del futuro de la nación, de levantar la voz ante el evidente secuestro de nuestras instituciones, por ello, nuestra arma más poderosa para lograr un Cambio está en nuestro Derecho Constitucional a la Protesta, nuestra expresión clara sobre el descontento y la frustración en nuestro padecer, por ello hoy es indispensable mantener esta rebeldía necesaria.